El gobierno de Celso Jaque no ha logrado cambiar el clima social que impera en la provincia, en especial en los centros urbanos, en donde el fastidio y el malhumor se hace fuerte, se concentra, quizás porque las exigencias son mayores, porque el ritmo es distinto, porque la competencia por sobrevivir es descarnada y porque lo que tiene que funcionar, no funciona. Tanto más, cuando se toma nota de que el contexto general es positivo, independientemente del brote inflacionario, y que no hay comparación con la crisis del 2001 y del 2002.

    Entre lunes, martes y miércoles, los días que coincidieron con la ausencia de Jaque por el viaje que hizo a Londres, el elenco administrador sufrió algunos reveses desde lo político, que demuestran, en parte,que los acuerdos o pactos en los que se afirma, son endebles, desprovistos de una estrategia de largo plazo.Pero más que el proyecto político y el destino que se le quiere dar a esta gestión, mucho más importante es no haber previsto el estallido de bombas, que verdaderamente terminan por limar la confianza y hasta la esperanza que pueda haber sobre la marcha de la provincia.

    El brutal paro de los choferes de colectivos de ayer es una muestra de que cualquier sector, si se lo propone, puede hacer lo que quiera buscando solucionar sus problemas propios. El hacer lo que quiera significa que no habrá nadie del Estado que se lo impida. Y lo peor es que nadie le impidió a los choferes de colectivos (Sipemon) parar totalmente el servicio del transporte público en todo el Gran Mendoza, sino que, además, ese Estado, impávido, tampoco pudo montar antes de la medida las accines para garantizar el cumpl imi ento del 20 por ciento de las unidades en la calle, una obligación que debieron cumplir las empresas.

    Es decir, el sindicato paró y dejó a la gente sin transporte y las empresas, inmóviles, tampoco cumplieron con su parte. Ambos sabían que lo podían hacer sin mayores consecuencias, más que la condena social que desde hace varios años los tiene apuntados como los más insensibles e insolidarios de los administradores de servicios públicos. Horas antes, un grupo de desdichados ex agentes de YPF había cortado, como tantas veces, la entrada y salida de camiones cisternas en la destilería de Luján de Cuyo y, al crónico problema de desabastecimiento de combustible se le sumaron algunas horas de nada de nada.

    El hilo volvió a cortarse por donde se preveía, por aquel sector que no tiene el mismo poder de fuego que aquellos a los que se les deja hacer lo que quieran. Como en su momento ocurrió con los empleados públicos, que dejaban sin prestación médica a quienes no tenían otra alternativa que ir a los hospitales y centros de salud del Estado –durante la gestión de Julio Cobos–, hoy, la falta de creatividad e inteligencia de los dirigentes sindicales para lograr lo que buscan, sin caer en el remanido y burdo ataque a la gente, es lamentable.

    De la misma manera lo hicieron, con las consecuencias nefastas para todo el país, durante casi veinte días, los ruralistas representantes del agro argentino. Y el Estado, en esos casos, ya fuera en la provincia o en la nación se mostró ajeno, inútil, indiferente. En el caso del paro del transporte, los habitantes del Gran Mendoza sufrieron una afrenta inesperada y cobarde por lo sorpresiva. Por día se registran alrededor de 500.000 transacciones de viajes, de acuerdo con los datos que arroja el sistema de movimiento en línea.

    Ayer, alrededor de las 7, cuando estaba en todo su vigor uno de los tres momentos de mayor demanda del sistema de transporte, alrededor de 125.000 personas se encontraban agolpadas en las paradas de colectivos, aguardando que pasaran los micros, que nunca lo hicieron, por otra parte.Demasiada falta de respeto como para no ser prevista. Pero, el sistema de transporte tiene una arista más perversa todavía. Es el financiamiento y cómo da lugar a que un reclamo del sindicato por mayores salarios, si se decide, termine pagándolo el Estado.

    Las empresas sólo trasladan el costo a la evaluación de los gastos generales que le presentan al Gobierno para que se calcule el valor que la Provincia termina pagando por el kilómetro recorrido. Negocio redondo. Nulo riesgo empresario. ¿Connivencia entre los empresarios y el sindicato? No se lo puede afirmar, pero, evidentemente, las sospechas de acuerdo previo son altas. Los choferes hoy están cobrando 2.300 pesos.

    En la negociación paritaria habían alcanzado un acuerdo que fijaba el salario en 2.760 pesos, suma que percibirían en setiembre. A partir de este mes, la propuesta que se había hecho determinaba un salario de 2.708 pesos hasta llegar a la cifra estipulada. En junio, además, la Provincia les garantizaba 200 pesos, por única vez, mientras se llegaba al mes de setiembre. El aumento era financiado con un aporte que enviaba la Nación, por medio de un subsidio destinado a todas las provincias, con el fin de que la tarifa no fuera modificada.

    Pero, la Nación sólo financiaba hasta los 2.760. En medio de las negociaciones, el sindicato pidió los 2.900. El Gobierno se negó a financiar la diferencia, unos 7 millones de pesos más. E n t o n c e s , Rodolfo Calcagni, el titular del sindicato, presionado por sus bases, fue contra los empresarios de AUTAM. Sergio Pensalfine, el hombre fuerte del transporte, propuso esperar a Jaque, de viaje en Londres. Hoy, el Gobierno para destrabar el conflicto, seguramente, determinará un incremento en el pago por kilómetro recorrido, justo cuando había ordenado un ajuste acorralando al propio Pensalfine, a quien le iba a bajar lo que le liquida diariamente.

    En Mendoza, los sectores económicos, unos más, otros menos, consiguen generalmente doblegar a las administraciones de turno. El petróleo, el servicio de agua potable, la distribución de la energía eléctrica. Ahora, el transporte. Más allá de las amenazas de que pueden cambiar los nombres de quienes lo manejan, la presión es la misma y el Estado, como Estado, siempre el mismo: El hijo de la pavota.