Los mendocinos hemos aprendido que no somos una isla, como lo creíamos en los 90. Mucho menos, que somos “La isla de la transparencia” en la que creíamos que estábamos en aquellos años en los que, además, nos gobernaba un equipo, el “Equipo de los mendocinos”, como, con orgullo y pecho henchido, el peronismo de entonces le llamaba a esa continuidad que había alcanzado el gobierno con las administraciones de José Bordón, Rodolfo Gabrielli y Arturo Lafalla. Descrita como unidad económica y potencial de riqueza, seguramente, Mendoza se encuentra entre la provincia más pobre de entre las ricas y la más rica de entre las pobres, que es lo mismo que decir la nada misma cuando todo en Argentina se maneja de acuerdo con la incidencia que se tiene en el universo general donde los pobres son permanentemente asistidos tanto por los gobiernos nacionales populistas como por los que no lo han sido, mientras que las ricas hacen prevalecer su poder de influencia para seguir sacando la mejor tajada de la torta.

No se trata de un planteo de penosa queja ni de asumir un papel de víctima. Se trata de una mera descripción de una parte de la situación que tiene Mendoza y del rol que ocupa en el concierto nacional. De tanto y tanto machacar con aquello de que en esta tierra no sólo no se crece, sino que tampoco se crea empleo genuino privado y formal desde, por lo menos, diez años a esta parte, quizás en algún momento provoque un cambio de rumbo, de chip o el clic necesario para detener la depresión.

El CEM, por caso, en su último informe sobre las exportaciones provinciales, ha dado a conocer al nivel de una revelación casi comparado con el 2012, las exportaciones del 2021, que alcanzaron los 1.612 millones de dólares, han sido 10,8 por ciento menos en términos nominales y 25 por ciento menos en valores reales; es decir que, en el 2021, Mendoza ha contado con 15 por ciento menos de dólares que los que logró reunir unos diez años atrás. Pero, como dato alentador, si se quiere, el mismo informe da cuenta de que, en el primer semestre del 2022, las exportaciones han registrado un aumento de 9,6 por ciento respecto del mismo período del año anterior.

Es cierto que, al nivel del comportamiento institucional y político de su clase dirigente, como lo viene de demostrar la declaración conjunta de los ex gobernadores en repudio del ataque a Cristina Fernández de Kirchner, Mendoza muestra un comportamiento que no es común en el resto de las provincias. También se destaca de ella, como un atributo de alto valor, que no se permita la reelección del gobernador y que se mueva en las antípodas de Santa Cruz y Formosa, que tienen reelección indefinida, y de otras en las que la alternancia es inexistente, como Santiago del Estero y San Luis. 

Pero Mendoza no está sola en eso de no permitirle la reelección al gobernador. La otra en la misma situación es Santa Fe, una provincia que duplica a Mendoza en casi todas sus variantes, además de contar con un potencial económico mucho más gravitante. Hacia fines de los años 80, cuando se discutió la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que está en vigencia; por alguna razón extraña, Mendoza no pudo hacer valer su posición o bien no contó con una buena estrategia de negociación. El 4,1 por ciento que se le fijó en la proporción del reparto quedó mezquino. Los expertos sostienen que, cuando menos, debió tener un medio punto de más o bien un punto redondo y entero sumado a lo que cuenta en la actualidad. Por aquel tiempo, Mendoza brillaba en el oeste argentino, especialmente por su producción petrolera.

Santa Fe, la otra provincia que no tiene permitida la reelección de su gobernador, duplica a Mendoza en el porcentaje de coparticipación. Pero, Santa Fe también ha logrado darles continuidad a algunas políticas que con el paso del tiempo la han terminado beneficiando notablemente. Un ejemplo de ello fue la decisión de demandar a la Nación por la retracción del 15 por ciento que se les hiciera a todas las provincias de la coparticipación para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Aquel manotazo a las provincias se produjo a comienzo de los años 90, cuando Carlos Menem y Domingo Cavallo creaban la Anses. Santa Fe, Córdoba y San Luis fueron las provincias que resistieron, con el paso del tiempo, la medida. Y reclamaron a la Nación. Para el caso de Santa Fe, la demanda administrativa la inició el peronista Jorge Obeid y la judicial, el socialista Hermes Binner, ambos desaparecidos. Y ahora, el actual gobernador justicialista, Omar Perotti, luego de que la Provincia ganara el pleito y que la Corte homologara el acuerdo de pago, es quien ha recibido el pago de 151.000 millones de pesos como resarcimiento de aquellos descuentos de la coparticipación; descuentos que cesaron en el 2016, cuando la administración de Mauricio Macri pactó con las provincias la devolución de esos montos. Córdoba y San Luis, las otras que demandaron, están a punto de ejecutar las sentencias a su favor.

¿A qué viene todo esto? Al recuerdo, una vez más, de las malas decisiones tomadas en el pasado reciente por una parte de la dirigencia política de Mendoza que, desde unos años a esta parte, la ha pensado desde una perspectiva que no le es propia, sometida al poder central, o más bien al elenco de gobierno nacional.

Ver también: Aquel gesto en favor de Cristina que le costó a Mendoza 50.000 millones de pesos

En el 2012 la Legislatura rechazaba, con el voto desequilibrante del vicegobernador Carlos Ciurca a cargo del Senado, la última posibilidad que se tenía para demandar a la Nación por los mismos motivos de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Tomando la diferencia del índice de coparticipación que recibe Mendoza respecto de Santa Fe, se calcula que si se hubiese enjuiciado al Estado nacional, hoy se podría estar firmando un acuerdo por más de 70.000 millones de pesos.