El uso de los recursos, el control y el destino de los mismos, más una modificación a lo que plantea el proyecto original sobre el cargo a crear, y sus alcances, del administrador general de la Corte, emergen como los puntos que, tras ser negociados y discutidos con más fineza y meticulosidad entre oficialismo y oposición, podrían convertirse en la llave que destrabe para el gobierno de Rodolfo Suarez el controversial proyecto de reformulación del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia que se encuentra en pleno debate en la Legislatura provincial. La iniciativa oficial se ha transformado, ahora sí, en más que clave para el Gobierno y su capacidad para llevar adelante transformaciones de fondo. La administración sabe que no podría tolerar un fracaso más en el ámbito de las reformas institucionales, como la de la Constitución, que se extingue, y la del sistema educativo, que no ha cuajado.

El voto que le ha faltado al radicalismo para conseguir dictamen favorable en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) que se ha reunido en Diputados, pero que ha funcionado en los hechos en forma conjunta con el Senado, podría ser aportado por el diputado del Pro, Gustavo Cairo. El legislador, quien a su vez es el presidente de su bloque, aliado al Gobierno, ha llegado al debate con una propuesta alternativa que descomprima la acumulación de las causas penales y laborales en la clave y sensible Sala 2, que conforman Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio. En esa sala se ha concentrado 75 por ciento de todas las demandas que han llegado al más alto tribunal. Allí se ha constituido un claro caso de forum shopping, una suerte de justicia a la carta, en donde los litigantes con un interés particular, claro está, especulan con la llegada del turno de la sala (en la segunda mitad de cada mes), para presentar sus escritos, detrás de una resolución favorable.

La alternativa de Cairo, que en síntesis prevé la conformación de una instancia intermedia en lo laboral y penal para evitar la llegada de los casos a la Corte –como si de una instancia de apelación se tratase al fallo de los tribunales inferiores–, podría transformarse en un proyecto en sí mismo por fuera del que se está analizando y que apunta a un nuevo funcionamiento y orden del que tiene la Corte actualmente. Con el compromiso de los radicales de impulsar y darle apoyo a su propio proyecto, Cairo firmaría el dictamen de la mayoría de Cambia Mendoza en la comisión. Con ese aporte, la semana que viene se alumbraría el dictamen que este martes no se consiguió y, con más viento a favor que el de ahora, el oficialismo avanzaría con la media sanción de una iniciativa clave para Suarez.

Además, para intentar buscar un consenso mayor por fuera del que le está costando conseguir ya de por sí en las propias filas o entre los legisladores “del palo”, como Cairo, del Pro, o el del masissta (FR) Jorge Difonso, quien es a su vez el presidente de la comisión, el radicalismo podría modificar el texto original del proyecto en donde se ha admitido que se pudo haber cometido un error cuando se dejó supeditado al administrador de la Corte (una de las novedades que incorpora el proyecto para que sea ratificado legislativamente) y a la Sala Administrativa (que pasaría a estar conformada por el presidente de la Corte y los dos vicepresidentes), todo el funcionamiento del Poder Judicial, pero, por sobre todo, el control y manejo de los recursos y nombramientos del personal. Estos aspectos, sensibles por donde se los vea cuando de recursos y de nombramientos se trata, podrían pasar a ser una facultad pura del pleno de la Corte; un plenario sujeto a las críticas y sospechas, hay que señalar, por la excesiva partidización con la que ha venido funcionando en los asuntos clave.

Hay que decir que existe una valoración distinta para las fuerzas políticas en pugna de lo que son y constituyen los “asuntos clave”: mientras que para el kirchnerismo pareciera que estos temas pasan por las causas de índole laboral, con conflictos entre empleados y Estado, exclusivamente, donde se han enfrentado miradas diametralmente opuestas en cuanto a los aspectos centrales de la relación laboral y en las que la administración radical ha visto sucumbir su modelo general; para el oficialismo, estos “asuntos clave” parecen centrarse en la política de ejecución penal, en esa posición ideológica sustentada en la mano dura o mano firme contra quien comete un delito de naturaleza penal, frente a la posición más benévola, o más garantista, con una cierta y marcada afinidad puesta en el victimario más que en la víctima. Lo que se llama el agua y el aceite en la jerga de la calle, o en la mano dura y tolerancia cero frente al delito contra el mal llamado garantismo. Cuando algunas de estas causas han llegado, por diversas razones y motivos, al plenario de magistrados (siete en total), extraídas de la famosa Sala 2, suelen terminar 4 a 3 a favor de la política oficial gubernamental, en ambos asuntos. Ese es uno de los aspectos que están alimentando parte de la discusión de fondo del proyecto.

El otro punto político de discusión está centrado en la posición del líder del Pro, Omar De Marchi, el que le ha puesto condiciones públicas a un posible apoyo al proyecto. De Marchi ha pedido más tiempo y ha dicho que el radicalismo no puede atropellar con un proyecto de semejante trascendencia institucional. “Parecen kirchneristas, y nosotros no queremos ser eso”, critica el diputado nacional, que quiere jugar una nueva chance hacia la Gobernación el año próximo. “No puede aprobarse de forma exprés y a libro cerrado”, ha agregado en sus redes sociales. En el radicalismo han relativizado la posición del líder provincial del Pro, alineado en la interna nacional con Horacio Rodríguez Larreta y enfrentado con Patricia Bullrich, quien se ha mostrado junto a Alfredo Cornejo en los últimos días, como si de un binomio aspirante a la Presidencia se tratase.

“De Marchi siempre ha tratado de diferenciarse; lo necesita. Ya lo hizo con el ítem aula de los docentes, también con el conflicto que enfrentó al Gobierno con los anestesiólogos. Nos tiene acostumbrado a eso”, comentan en el radicalismo, imaginando que la historia terminará como siempre, con un De Marchi dentro, crítico, pero no por fuera, rompiendo. Una jugada peligrosa que encierra temores y desafíos para el oficialismo, ahora sí en general, el de Cambia Mendoza en su conjunto.