No deja de ser una buena noticia para los mendocinos, también para el resto del país –si se trasladan los mismos elementos al escenario universal– que el proceso electoral esté ofreciendo elegir entre dos sistemas ideológicos claramente opuestos. Por supuesto que la irrupción en la provincia de La Unión Mendocina, de Omar De Marchi, ha sumado una cuña y un nuevo interrogante: no sabemos si se trata de algo nuevo, innovador y distinto de lo que viene establecido desde varios años a esta parte entre lo que se conoce como Cambia Mendoza y el Frente de Todos; si es una alternativa cierta de lo que tenemos; o si, en concreto, no es otra cosa que alguna versión –como una copia difusa de cualquiera de los dos originales de donde parece haberse escindido–, todos interrogantes que se podrán develar con el paso del tiempo y bien entrada la campaña hacia la elección general de setiembre.
Objetivamente, y a grandes rasgos, bien se puede precisar que, desde que el kirchnerismo decidió dividir ideológicamente a la sociedad entre “ellos y nosotros”, –probablemente, desde lo que se considera la guerra del campo en adelante, tras la fallida resolución 125 del 2008–, las diferencias entre unos en el Gobierno y otros en la oposición comenzaron a ser más visibles y determinantes.
Aunque ambos, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, cuentan con muchas similitudes y comparten dosis de lo que se denomina o se identifica como “populismo”, también es cierto que esa inclinación o sesgo definido que se explica en esa particularidad por la cual es el Estado el que debe resolverles todos y cada uno de los problemas a los ciudadanos, desde sus ingresos, lo que debe estudiar, consumir y cuánto gastar; cómo debe descansar en sus períodos de vacaciones y en dónde; en qué viajar y movilizarse, qué servicios debe recibir y cuánto debe pagar por ellos; en dónde vivir y hasta las características de las viviendas en las que reside, por describir sólo algunos aspectos de las regulaciones de un Estado sobreprotector de las cientos existentes, sólo se presenta en el oficialismo gobernante en la Nación, que en lo que predica la oposición.
Los verdaderos juicios de valor colectivos sobre la concepción del Estado y la administración de los recursos se tendrán, como sucede siempre y como corresponde, el día de la elección, con sus resultados. Pero siempre es bueno señalarlos e identificarlos, tarea para el periodismo, que, además, está obligado a consultar cómo se cumplirán ciertos objetivos.
En esta campaña por la Gobernación, como hacía mucho tiempo no sucedía, se han diferenciado de manera muy clara las posiciones de los más importantes competidores. Ya se ha dicho que, mientras el oficialismo –que dice combatir el populismo de forma explícita, al menos, en el discurso– ha optado por arriesgar nada o casi nada, sin más propuesta que el hecho de señalar que seguirá cuidando Mendoza en el sentido de proteger sus recursos fiscales y de gastar sólo en la medida que crea necesario, anclando las erogaciones a los ingresos; la oposición, decidida a romper el molde y todos los esquemas conservadores, sostiene que irá por un Estado keynesiano, con todos los recursos puestos a disposición de la población para que, por la vía de ellos, se provea de vivienda, salud, educación y hasta de trabajo; además de que sólo desde una administración de ese tipo, los empleados públicos mejorarán sus ingresos y estatus con un automático aumento de salarios como el que se les está prometiendo a los docentes y a los médicos, taxativa y literalmente.
Para algunos, quizás, se trate de meras estrategias. El oficialismo, corriendo con el riesgo de que lo que está diciendo quizás no le alcance con una sociedad cansada y embroncada, además de impotente por la ausencia de realizaciones. El liberal Javier Milei en la Nación a lo mejor sea esa válvula de escape y vía de expresión de la bronca que buscan algunos y que a lo mejor encuentren. Pero, en Mendoza, esa figura no existe o está difusa. Con lo que esa angustia y fastidio al extremo del mendocino no se sabe muy bien hacia dónde será dirigida electoralmente. Es un interrogante interesante y atractivo. En cierta medida, el oficialismo está corriendo un riesgo en ese sentido: en el de no estar ofreciendo mucho más de lo que ha mostrado.
La oposición, en cambio, deliberadamente, está mostrando que está en otro lado, en la vereda de enfrente, en las antípodas. Y lo expresa y grita a los cuatro vientos. Lo hace con las consabidas viviendas, con el sueldo de los estatales, con la cantidad de policías que dice que aumentará y también lo refleja, como para que no queden dudas, en los debates legislativos. Es lo que ha demostrado con su posición frente a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que el oficialismo ha querido modificar, extendiendo la prohibición de contratar personal estatal de 6 meses a 12 meses en los años electorales, a lo que la oposición se está negando lisa y llanamente, demostrando defender y tener otro concepto del uso de los fondos públicos de los que tiene el oficialismo.
“Estará prohibida cualquier disposición legal o administrativa que implique un aumento en las erogaciones corrientes de tipo permanente, incluidos los nombramientos en planta transitoria, permanente, interina, contratos de locación y cualquier otra modalidad de contratación de personas, salvo que se encuentren incluidas en la Ley de Presupuesto vigente”, dice el proyecto. “Se coarta la posibilidad de generar puestos de trabajo”, responden desde la oposición, que le apunta al uso del Fondo Anticíclico que defiende el Gobierno con los ahorros que provienen de la eliminación de gastos improductivos. En épocas de crisis, reacciona la oposición, es inconcebible que el Estado ahorre dinero, con lo que aseguran creer en un “Estado eficiente, pero con personal, no con números que cierren sin empleados y con sueldos bajos”. De ese fondo, o de esos recursos acumulados, que para la oposición, se trata de una administración deficiente, piensan que saldrán los recursos para hacer viviendas para todos, duplicar el número de policías y aumentar los sueldos de los empleados públicos, empezando por los docentes y médicos. O de verdad se trata de un modelo de administración con recursos que nadie está viendo, o bien sólo corresponda a una estrategia desesperada frente a casi diez años sin triunfos electorales en Mendoza.