Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) escriben una nueva página en la intrincada disputad judicial por la expropiación de YPF. Los mandatarios se presentaron este lunes junto con los fiscales de Estado de sus provincias en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py con el objeto de ser admitidos como querellantes.
Bajo el patrocinio del abogado Bernardo Saravia Frías, Cornejo, Torres y Vidal buscan formar parte de la causa local que investiga el ingreso del Grupo Petersen, vinculado a la familia Eskenazi, a la petrolera y abrir así un frente penal tanto en la Justicia argentina como en la de los Estados Unidos.
Para los gobernadores, desde la sanción de la Ley 26.741 en 2012, las provincias son accionistas clase B de YPF y, por lo tanto, tienen un derecho legítimo a participar del proceso.
En el escrito presentado remarcaron que la operación que permitió a la familia Eskenazi acceder al 15% de las acciones de la compañía en 2007 —con opción a un 10% adicional— se financió con dividendos de la propia empresa y contó con aval político, lo que consideran una maniobra irregular que originó el litigio internacional.
Este movimiento legal de los “gobernadores petroleros” -a los que podrían sumarse Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén)- cobra relevancia en un contexto en el que la jueza Loretta Preska, en los tribunales de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar el 51% del paquete accionario de YPF en el marco de la demanda de Burford Capital, que reclama unos US$ 16.000 millones.
Según entienden Cornejo, Torres y Vidal, si la Justicia local probara irregularidades en la operación inicial del Grupo Petersen, esa evidencia podría “torcer la suerte procesal en Estados Unidos” y debilitar la base legal del reclamo.
La estrategia contempla también una presentación ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el fin de instar una investigación penal que alcance a los protagonistas de la trama desde 2008.
Previo a ello, especialistas en la materia sostienen que antes deberán pasar por la justicia local, puntualmente por el juzgado de Ariel Lijo, donde se tramita una causa vieja que acumula años, pocos movimientos y que precisamente investiga la operación de ingreso de la familia Esquenazi como accionista de YPF.
“Una mala gestión kirchnerista”
Conocida la presentación, Cornejo y Torres compartieron una publicación en redes sociales explicando las motivaciones conjuntas de Mendoza, Chubut y Santa Cruz en la presentación judicial.
“YPF y la Argentina están corriendo serios peligros. Un embargo por 16 mil millones de dólares está en plena ejecución en un tribunal de Nueva York. Algunas provincias no estamos dispuestas a que eso ocurra, o al menos a que ocurra sin nuestra participación”, precisó en el video el mandatario mendocino.
En esa línea agregó: “Somos provincias petroleras y creemos en la soberanía del país requiere que frenemos este atropello de mala gestión por parte del kirchnerismo”.
Por su parte, el gobernador chubutense explicó: “El 25% de las acciones de YPF que compró Eskenazi lo hizo apalancándose financieramente en dividendos futuros y devengados. ¿Qué quiere decir esto? Es como que yo compre British Pretroleum con plata de British Pretroleum“.
Torres recordó que tras la adquisición, ese porcentaje de capital accionario fue vendido “a un grupo muy conocido por los argentinos, a un fondo buitre, que es el principal beneficiario del fallo de la jueza Preska por 16 mil millones de dólares”.
Y cuestionó: “En un momento en donde somos noticia por un posible swap con Estados Unidos por 20 mil millones de dólares, nos intiman a pagarle a ese fondo buitre 16 mil millones de dólares”.
Por último, aseguró que el tema se trata de “una cuestión de Estado” que atenta no solo contra los intereses de la Nación sino “sobre todo de las provincias productoras de petróleo”.
Y adelantó que de ser necesario, “también nos vamos a presentar ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos” con la pretensión de suspender de forma inmediata la causa civil “hasta que se defina de una vez por todas el tema penal”.