El gobernador Alfredo Cornejo viajó este lunes a la Ciudad de Buenos Aires donde tendrá dos citas políticas de distinta índole. Por un lado, participará de la reunión del Consejo de Mayo impulsada por la Casa Rosada. Y, por otro, se reunirá previamente con su par de Chubut, Ignacio Torres, en momentos en que se analiza una potencial demanda contra un grupo de accionistas de YPF, la familia Eskenazi.
La novedad se conoció este domingo y el mandatario mendocino comenzó a moverse con la chance de elevar una denuncia penal, pero en los tribunales de Nueva York. No es el único, sino que se trata de un movimiento compartido con otros gobernadores de provincias petroleras, entre ellos, Torres.
El otro que compartiría una acción penal ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos es Claudio Vidal, de Santa Cruz. Mendoza, Chubut y Santa Cruz tienen acciones clase B de YPF, una participación minoritaria a partir de la expropiación de la compañía que se hizo en 2012.
En principio, la intención es que la Justicia del país del norte investigue las condiciones de la compra de acciones por parte del Grupo Petersen. La sospecha es que con esa operación se habrían escondido maniobras de carácter fraudulento.
Como socios, la idea sería proteger los recursos hidrocarburíferos de sus provincias ante la posibilidad de un fallo en el tribunal a cargo de la jueza Loretta Preska, sobre los activos de YPF, ante el reclamo del fondo Buford.
Está previsto que la reunión entre ambos mandatarios sea a las 9 y de allí saldrán novedades políticas para la semana que se inicia.
Sin embargo, la estrategia no es compartida por todos los gobernadores que tienen relación con la petrolera estatal. Por el momento, no se han pronunciado Rolando Figueroa, de Neuquén, y Alberto Weretilneck, de Río Negro.