El megajuicio que tiene en el banquillo de los acusados Walter Bento y a una treintena de procesados tendrá el próximo miércoles 6 de septiembre, desde las 9, un momento clave: por primera vez en el desarrollo del debate oral, el suspendido juez federal declarará en indagatoria.
Este viernes arrancaron las indagatorias con la declaración del abogado Francisco “Chato” Álvarez, procesado como miembro de la asociación ilícita y cohecho activo (pago de coimas) en calidad de coautor. Su exposición demandó casi tres horas y finalizó cerca del mediodía.
El siguiente en la lista es Bento. Pero como la audiencia de este viernes debía finalizar aproximadamente a las 13 y el abogado Mariano Fragueiro anticipó que la declaración de su defendido se iba a extender durante varias horas, las juezas Gretel Diamante, María Carlina Pereira y Eliana Ratta, del Tribunal Oral Federal N°2, determinaron que la indagatoria se realice el 6 de septiembre.
Hay que recordar que el debate del denominado Bentogate se realiza los miércoles, jueves y viernes, cada dos semanas. Por ese motivo, en la próxima audiencia se conocerá por primera vez en el juicio la versión del suspendido titular del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza, quien está sospechado de ser el jefe de una organización dedicada a otorgar beneficios a ciertos detenidos de las cárceles locales a cambio de coimas de miles de dólares.
“Voy a declarar, hecho por hecho, sobre todos los hechos”, adelantó este miércoles Bento.
El caso
Según el requerimiento de elevación a juicio, la investigación demostró “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el juez Bento”.
En ese sentido, en la acusación se indicó que esta asociación ilícita liderada por Bento tenía como organizadores a Diego Aliaga (fallecido) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba; y como miembros a los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, “Chato” Álvarez y Javier Angeletti, al comisario Gabriel Moschetti, y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.
La fiscalía señaló que, de acuerdo con este esquema, la fase judicial del accionar de la banda tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador, medidas que generalmente iban acompañadas por su desvinculación total o parcial del proceso. En esta fase, el soborno consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares, o bien en la entrega de bienes como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio.
Todo saltó a la luz gracias a la detención de Bardinella Donoso, el 6 marzo del 2020, por un millonario cargamento de marihuana. Al secuestrar y peritar su teléfono celular, efectivos de la Policía contra el Narcotráfico de Mendoza descubrieron que había llamadas y mensajes con Aliaga y algunos abogados, y los investigadores entendieron que se trataba de arreglos para morigerar la situación procesal de los delincuentes, principalmente acusados por contrabando.
El avance de la causa permitió detener e imputar a más de 32 sospechosos por diversos delitos (cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio, entre otros). Entre los procesados se encuentran la esposa y dos hijos del magistrado.