Las defensas de algunos de los procesados más destacados del llamado Bentogate hicieron todo lo posible entre este miércoles y jueves que para el debate oral no avanzara hasta la próxima instancia de las indagatorias y testimoniales. Plantearon nulidades de declaraciones, pruebas y hasta cuestionaron al Ministerio Público por la participación e inclusión de Dante Vega y la no designación de una jueza para integrar el tribunal que llevaría adelante el proceso. Buscaban que se “cayera” la causa antes de que los primeros testigos fueran citados para responder preguntas de las partes.
La voz cantante la llevó Mariano Fragueiro, el representante legal del juez federal Walter Bento, principal acusado como jefe de una asociación ilícita dedicada a cobrar sobornos a presos federales mendocinos.
El letrado cuestionó, principalmente, que la fiscalía tenga entre los testigos más destacados a los imputados de “causas conexas” y al también acusado por falso testimonio Juan Ignacio Aliaga (hijo de Diego, el llamado nexo de la banda asesinado en el 2020), quien antes de empezar el debate accedió a la suspensión de juicio a prueba.
Otros letrados coincidieron y adhirieron a los planteos de Fragueiro cuando pidieron la palabra. Sin embargo, las juezas Gretel Diamante, María Carlina Pereira y Eliana Ratta, resolvieron luego de un cuarto intermedio de dos horas y rechazaron cualquier tipo de intención de los representantes legales de frenar el normal desarrollo de las audiencias y difirieron otros pedidos, como lo solicitado referido a la producción e inadmisibilidad de pruebas, para otra etapa del juicio. De esta forma, coincidieron en gran parte con los argumentos que había expresado los fiscales María Gloria André y el citado Dante Vega.
Superada esta instancia, el megajuicio que tiene a 32 procesados en el banquillo pasó a la siguiente etapa este jueves después de las 14: cada uno de los sospechosos fue citado por la presidenta del tribunal, Diamante, para que den a conocer todos sus datos personales.
A todos les preguntó si iban a declarar. Y la respuesta no sorprendió a ninguno de los presentes, debido a que fue en la misma dirección. “Voy a declarar, hecho por hecho, sobre todos los hechos”, le aclaró Bento a Diamante cuando la camarista lo interrogó sobre ese punto en particular.
Lo mismo dijeron otros de los testigos más destacados del juicio oral, como los abogados Luciano Ortego, Jaime Alba, Luis Francisco Chato Álvarez, Jorge Omar Miranda, Marta Boiza (esposa de Walter Bento), Luciano y Nahuel Bento (hijos del magistrado suspendido) y los policías Gabriel Moschetti (comisario) y Martín Bazán (oficial principal). Previamente, los narcos condenados Walter Bardinella Donoso y Cristian Oliva, también contestaron sobre sus datos filiatorios y aseguraron que contarán su versión de los hechos cuando sus abogados lo crean conveniente.
De esta forma, para este viernes está previsto que el juicio arranque a las 9 con la declaración indagatoria de Luis Francisco Chato Álvarez, procesado como miembro de la asociación ilícita y cohecho activo (pago de coimas) en calidad de coautor.
El Chato se encuentra con prisión domiciliaria en el departamento de General Alvear. Este jueves por la tarde, cuando fue llamado por la jueza para que aporte sus datos personales, el letrado, quien aseguró que no contaba con matrícula habilitada en Mendoza para ejercer la profesión (sus clientes, aseguró, son de Buenos Aires), se quebró cuando tuvo que responder sobre sus hijos. Fue uno de los acusados que más entusiasmo evidenció para declarar.
“Lamentablemente estoy divorciado. Tengo dos hijos hermosos, de 7 y 10 años”, dijo ante las partes con la voz entrecortada. Tomó agua y le pidió perdón a la presidenta del tribunal. “Estoy desesperado por declarar, prometí que no iba a llorar pero es fortísimo todo lo que estamos viviendo. Quiero declarar, que se conozca la verdad y se le dé publicidad porque tanto yo como mucha gente hemos sido maltratados por la prensa. He perdido clientes de Buenos Aires a montones, y quiero declarar urgente”, señaló.
La misma postura tomaron los abogados acusados que se autodefienden, Jaime Alba y Luciano Ortego.
Alba, quien pasa sus días con detención domiciliaria luego de presentar ideas suicidas en la cárcel, tal como publicó este diario, contó que estaba mejor que cuando permanecía en la prisión federal. “Estar con mi familia me cambió la vida, con la contención de mi esposa y de mis hijos. Soy uno de los más interesados en prestar declaración indagatoria para que el tribunal pueda conocer la realidad de lo que me pasó, y sobre todo por la publicidad que ustedes tan gratamente están dando a estas audiencias, que también la opinión pública y el periodismo la puedan conocer. Estoy sumamente interesado”, expresó.
Ortego, uno de los pocos que continúa en la cárcel federal de Cacheuta por esta causa, también dijo que iba a “declarar en la brevedad” y pidió soporte de audio de su primera declaración para poder hacerlo. “En varios pasajes se han utilizado supuestas respuestas que he dado, y han sido totalmente las contrarias. En muchas oportunidades, ante preguntas de la fiscalía, respondí con sarcasmo, ironías o repregunté, y las mismas se han vertido como afirmaciones mías”, aseguró.
Así las cosas, lo mismo sucedió con el resto de los procesados. Los que no mostraron una intención de declarar en alguna parte del juicio fueron los abogados que declararon como arrepentidos, Martín Ríos y Matías Aramayo. De acuerdo con fuentes judiciales, su defensa, a cargo de Pablo Cazabán, aún no tiene definido si los hará declarar con el correr de las audiencias o cuando se traten su caso particular.
Megacausa
El juez Walter Bento (titular del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza) está sospechado de ser el jefe de una organización dedicada a otorgar beneficios a ciertos detenidos de las cárceles locales a cambio de coimas de miles de dólares.
En el requerimiento de elevación a juicio del fiscal general Dante Vega –instrucción confirmada por el juez Eduardo Puigdéngolas– existía una organización vertical en la que el magistrado utilizaba a ciertos nexos o manos derechas –como el llamado facilitador, quien fue asesinado a fines de julio del 2020, Diego Aliaga– para contactarse con abogados defensores particulares y así arreglar el pago de las coimas.
Todo saltó a la luz gracias a la detención de un narco identificado como Walter Bardinella Donoso, quien fue apresado el 6 marzo del 2020 por un millonario cargamento de marihuana.
Al secuestrar y peritar su teléfono celular, efectivos de la Policía contra el Narcotráfico de Mendoza descubrieron que había llamadas y mensajes con Aliaga y algunos abogados, y los investigadores entendieron que se trataba de arreglos para morigerar la situación procesal de los delincuentes, principalmente acusados por contrabando.
El avance de la causa permitió detener e imputar a más de 32 sospechosos por diversos delitos. Bardinella, este jueves, aportó sus datos personales y aseguró que también declarará en el juicio.
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