La millonaria contratación directa de raciones alimentarias para presos y personal del Servicio Penitenciario Provincial sigue vigente, pese a los intentos del Gobierno por dar por cerrada la polémica.

El proceso para adquirir cuatro millones de viandas, por un total de $54.000 millones, incluyó una licitación pública declarada desierta, cartas documento, amenazas de acciones judiciales contra el Estado y un duro dictamen de la Fiscalía de Estado, que cuestionó la actuación del Ministerio de Seguridad.

Recién cuando el Ministerio de Seguridad confirmó el rechazo de la propuesta de la empresa Bio Limp y la adjudicación a Clisa Interior, histórica proveedora de viandas, la oposición reaccionó.

Ahora, a través de la Bicameral de Seguridad, quiere que la ministra Mercedes Rus brinde explicaciones en ese ámbito legislativo. Pero la funcionaria cornejista sostuvo que tanto el procedimiento administrativo como la exclusión de una de las empresas oferentes fueron validadas por los órganos de control correspondientes.

“No hay ninguna irregularidad. Nuestras decisiones y nuestros dictámenes coinciden absolutamente con lo que resolvió Fiscalía de Estado”, afirmó este jueves. Según destacó, Bio Limp fue descalificada por no cumplir con un requisito formal de admisión y además presentó una oferta $4.000 millones más costosa que Clisa Interior.

Rus aseguró que los criterios de exclusión no se limitaron al precio. “Esta empresa no cumplía con la garantía de oferta ni con condiciones fundamentales del pliego, como tener planta propia o acreditar profesionales bromatólogos con certificación”, justificó.

En tal sentido, consultada sobre si consideraba pertinente asistir a la Bicameral de Seguridad, fue contundente: “Yo ya respondí. Me han hecho pedidos de informe y tickets sobre este tema y hemos contestado todo. Este tema está por demás aclarado y lo que piden es una puesta en escena”.

La ministra aclaró que no está en contra de presentarse en el ámbito legislativo y recordó que en otras oportunidades asistió a la Legislatura, pero consideró que en este caso no hay nuevos elementos que justifiquen una comparecencia.

“Esto es de público conocimiento, está en el Boletín Oficial, y los órganos de control han opinado coincidiendo con el procedimiento realizado”, cerró.

Más profesionales en el Servicio Penitenciario

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza anunció este jueves la incorporación de 47 nuevos profesionales al Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Según el Gobierno, se trata de la designación más numerosa de personal técnico de los últimos años, con el objetivo de fortalecer el abordaje integral de las personas privadas de libertad y avanzar en políticas de resocialización.

Los nuevos agentes, que comenzarán a partir de ahora a desempeñarse en distintas unidades del sistema carcelario, provienen de un concurso abierto de oposición y antecedentes realizado en noviembre de 2024. Entre los perfiles seleccionados se cuentan psicólogos, trabajadores sociales, médicos, licenciados en enfermería, odontólogos, terapistas ocupacionales, bioquímicos y farmacéuticos. Todos fueron nombrados con la jerarquía de oficiales subadjutores.

De acuerdo a la información oficial, parte del equipo profesional prestará funciones en los Órganos Técnicos Criminológicos (OTC), mientras que otros serán distribuidos en establecimientos penitenciarios del sur provincial y distintas regiones de Mendoza.

Previamente al ingreso formal, los 47 profesionales participaron de una capacitación específica dictada por el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), en conjunto con la Subsecretaría de Justicia. La formación, de dos semanas de duración, abarcó contenidos vinculados a derechos humanos, protocolos de intervención sanitaria y psicosocial, seguridad institucional, ética profesional y abordaje interdisciplinario.

“La incorporación de estos perfiles no solo representa un refuerzo técnico, sino también una apuesta institucional por mejorar los procesos de diagnóstico y tratamiento de las personas en contexto de encierro”, subrayó Rus, quien valoró la inversión presupuestaria asociada. “Esto no sucede en otros servicios penitenciarios del país. Aquí hay una decisión política concreta que pone el foco en la seguridad a través del tratamiento integral”, agregó.

En términos presupuestarios, la incorporación había sido prevista en el ejercicio financiero 2025 y se enmarca en una planificación más amplia que incluye mejoras edilicias, equipamiento y capacitación para el personal del sistema penitenciario.

La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial a principios de junio, y se espera que tenga impacto tanto en la gestión intramuros como en los procesos técnicos que forman parte del seguimiento judicial y criminológico de los internos.