Con la desregulación de 973 normas del Instituto Nacional de la Vitivinicultura, el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu le pidió a Federico Sturzenegger que venga a Mendoza para explicar a la industria del vino los alcances de la medida de simplificación burocrática que se conoció el viernes.
La medida, a grandes rasgos, implica que el organismo de control deje de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias de la cadena vitivinícola y haga énfasis en la calidad del vino ya embotellado. Esto tuvo repercusiones positivas y negativas en el sector vitivinícola y, principalmente, en Mendoza.
Es por ello que el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, confirmó que le pidió a Sturzenegger que pise suelo mendocino para dar explicaciones, lo cual podría ocurrir en los próximos días. “Es probable que venga. Yo se lo pedí. Le expliqué todas estas cosas y él dijo que ya estaba todo firmado… Era un anuncio, no una discusión. Entonces le dije que viniera y lo explicara”, confirmó en LVDiez.
Sumó que “es posible que sea esta semana” y que podría ser “miércoles, jueves o viernes”. Sin embargo, ante la consulta de El Sol, desde el entorno del ministro Sturzenegger no dieron detalles sobre el posible viaje del funcionario del Gabinete de Javier Milei.
El nuevo régimen regulatorio modifica de manera sustancial el alcance del INV, que pasará a desempeñar un rol centrado en la trazabilidad final y en la transparencia del producto terminado, en lugar de controlar cada etapa del proceso productivo.
La resolución establece que las certificaciones de origen, añada y varietal dejarán de ser obligatorias y pasarán a tener carácter optativo. De esta manera, los productores podrán gestionar sus propios sistemas de trazabilidad o delegarlos en entidades privadas, en función de las exigencias comerciales de cada empresa o mercado.
El esquema alcanzará a productores de uva, bodegas, fábricas de mosto, espumosos y productos enológicos, así como a platas fraccionadoras, distribuidores, exportadores, importadores y laboratorios enológicos.
La mira está puesta en los problemas de salud en los consumidores que podrían generarse a partir de la reducción en controles. A su vez, en la reducción de puestos de trabajo. El INV tiene 432 empleados, de los cuales 250 prestan servicios para la sede central.
“Habiendo analizado la Resolución 37 podemos decir que se reducen las funciones de fiscalización del Organismo en un 60% aproximadamente. Se pierde la trazabilidad en términos generales, por lo que también la determinación de genuinidad del vino, poniendo en riesgo, además de la confianza de los consumidores, la salud pública. Al no controlar el producto antes de que salga del establecimiento y teniendo en cuenta que, con el cuerpo de inspectores que tiene actualmente del INV se fiscaliza en góndola sólo el 5% de los vinos producidos por la industria vitivinícola, será muy difícil detectar desviaciones que afecten la salud y la certeza de lo que se está consumiendo. Hay que decir también que así como hay bodegueros que producen vinos de calidad y hacen muy bien su trabajo, hay otros inescrupulosos que no“, relató Mariano Lucero, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado en el INV.
Sobre el posible arribo de Sturzenegger, consideró que “sería bueno que se reúna y escuche a otros sectores de la Vitivinicultura, a que se ha guiado todo este tiempo por un sólo sector o grupo empresario”.
¿Acuerdos?
Consultado acerca del consenso en torno a esta medida adoptada por Nación, Rodolfo Vargas Arizu aseguró que “dejar contento al sector vitivinícola es imposible. Es una tarea que no se puede… Nunca va a estar todo el sistema de acuerdo con algo“.
“Sí apoyamos la desregulación. La vitivinicultura es el negocio más importante de Mendoza y el más regulado. Se ha ido cargando de estas durante 50 años“, comentó.
“Estoy en un 95% de acuerdo. Fuimos consultados y tuvimos una reunión importante en Buenos Aires entre todos los sectores: la cámara del mosto, Fecovita, Bodegas de Argentina, Coviar, graneleros, productores… Quedamos de acuerdo en mucho”, expresó, aunque, luego, advirtió que, aparentemente, algunos de los temas dialogados no fueron tenidos en cuenta a la hora de estampar la firma en la Resolución, tal como anticiparon otros referentes de la industria.
Según el ministro mendocino hay un tema que “hace ruido” y “es el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) opcional”.
Relató que se trata de un “documento que se entrega y que tiene una serie de datos que no contiene el DTV, que es obligatorio que se hace por Senasa. A nuestro entender, debería ser obligatorio. Ellos, por una cuestión conceptual de libertad, no quieren que sea obligatorio. Creo que es un error y lo vamos a solucionar de alguna manera. Queremos hacer una unificación de trámites entre ambos -obligatorios-, que lo maneja la Secretaría de Agricultura”.
Con un dardo a Nación, lanzó que “el Ministerio de Desregulación está muy bien, pero no conoce profundamente los temas particulares. La vitivinicultura no es un negocio como cualquier otro. Hay 800 bodegas, 350 de carácter mundial, 208 restaurantes de bodegas… Cosas que no tienen otros negocios”.
En lo que refiere a la opinión del resto de las provincias involucradas dijo: “O lo cumplen todos o no lo cumple nadie. Eso lo he hablado con el ministro de San Juan, que tenemos más del 80% de la vitivinicultura. Son 16 provincias”.