“Todos han cedido, todos han ganado”. Una fuente judicial sintetizó con esa frase el espíritu del complicado principio de acuerdo que alcanzaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia que, pese a sus diferencias ideológicas, lograron avanzar en una “propuesta superadora” del proyecto de reforma del funcionamiento del máximo tribunal que impulsa el gobernador Rodolfo Suarez.

Las frenéticas conversaciones entre los supremos comenzaron el jueves de la semana pasada y continuarán hasta este martes la tarde: está previsto que aproximadamente a las 17 Dalmiro Garay, Teresa Day, José Valerio, Pedro Llorente, Omar Palermo y Mario Adaro (Julio Gómez está de licencia) se reúnan nuevamente para terminar de pulir sus aportes. Incluso, no se descarta que los jueces luego se trasladen desde Tribunales hasta la Legislatura para presentar el documento clave, firmado por todos ellos, que servirá para destrabar la negociación política.

Está claro que con este acuerdo entre los miembros de la Corte, no habrá mayores obstáculos para que la Legislatura apruebe la reforma.

En los pasillos de Tribunales sostienen que el proyecto del PRO sobre la doble instancia en materia Penal y Laboral fue una de las claves que acercó a las partes. En ese contexto, no pasó desapercibido el hito de Twitter del máximo referente de ese partido en Mendoza, el diputado nacional Omar de Marchi, que celebró “que sea el consenso y el respeto la vía para resolver los asuntos más importantes de Mendoza”.

“Agradezco a quienes se mantuvieron firmes, sin ceder a los apuros injustificados, porque gracias a ellos creemos que se ha dado un paso adelante en el camino correcto”, agregó el ex intendente de Luján de Cuyo, en una crítica directa al radicalismo. Fue otra señal de la cada vez más evidente tensión interna que atraviesa Cambia Mendoza.

Desde Brasil, Suarez siguió de cerca las negociaciones. Su emisario en la provincia fue el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, quien mantuvo durante toda la discusión política y judicial un llamativo perfil bajo.

Otro de los puntos que acordaron los magistrados apunta a un manejo colegiado del gobierno de la Corte. Se trata principalmente de los temas administrativos (presupuesto y personal, por ejemplo), que en la actualidad tienen un formato más presidencialista. “Va a tener más preponderancia el pleno“, destacaron fuentes que siguieron de cerca el consenso.

En tal sentido, se reglamentará la convocatoria al plenario, que tendrá requisitos específicos y se podrá realizar exclusivamente antes de los alegatos.

También se discutió la posibilidad de que las deliberaciones de la Corte sean públicas, con el objetivo de “acercarse más a la sociedad”.

Por otra parte, la intención del oficialismo de que todas las causas que lleguen a la Corte se sorteen quedó descartada. Sólo irán al bolillero los casos contencioso-administrativos, y en julio del año próximo se discutirá y votará -con el acuerdo de las dos terceras partes de los Supremos (cinco votos)- la extensión del sorteo de salas para otras materias.