Una firma de remates, por pedido de la Dirección General de Escuelas, concretó este jueves la subasta de la mansión embargada al exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, condenado por delitos de corrupción. La propiedad, ubicada en el exclusivo barrio Alto Portal del Sauce, fue rematada por $172.241.977,30, una cifra muy por encima de la base fijada inicialmente para el proceso.
La operación se llevó adelante en el marco de la Ley de Extinción de Dominio, herramienta legal que permite recuperar bienes adquiridos con fondos provenientes de actos ilícitos contra la administración pública. Según se informó, el monto recaudado será destinado íntegramente al Fondo de Educación Permanente, con el objetivo de financiar obras de infraestructura y mejoras en el sistema educativo provincial.
En total, se recibieron 110 ofertas en la subasta, aunque fueron seis los oferentes que protagonizaron la puja final. Todos ellos son oriundos de distintos puntos de Mendoza: Guaymallén, Maipú, San Rafael y Ciudad. La competencia fue intensa y elevó la cifra muy por encima de lo esperado.
La mansión, que había sido valuada en $127,5 millones, atravesó dos intentos de remate fallidos. Ante la falta de ofertas en esas primeras instancias, el precio base fue drásticamente reducido a $64.041.977,30, lo que finalmente despertó el interés de varios inversores. La tercera fue la vencida, y la propiedad no solo se vendió, sino que lo hizo muy por encima del nuevo piso estipulado.
Luis Lobos, quien fue jefe comunal de Guaymallén entre 2013 y 2015, fue condenado por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta, en una causa que marcó un precedente en Mendoza por la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. Su caso se convirtió en un símbolo del avance judicial contra la corrupción política en la provincia.
Una vez adjudicada la subasta, resta ahora que la Dirección General de Escuelas (DGE) —organismo que actúa como titular del bien tras su recuperación— apruebe formalmente el resultado. El comprador deberá abonar el valor total del inmueble junto a un 3% más IVA en concepto de comisión y gastos administrativos, con un plazo máximo de cinco días hábiles para concretar la operación.
La medida se erigió como un paso más hacia la transparencia y la reparación del daño causado por actos de corrupción. Sin dudas, recuperar bienes mal habidos y destinarlos a la educación es una forma concreta de hacer justicia.