La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos imputó este jueves al empresario vitivinícola José “Pepe” Zuccardi por defraudación. Lo acusa de maniobras para insolventarse y evitar el pago de una condena judicial que supera los 25 millones de dólares (incluidos intereses) a su hermana, la exdiputada nacional Cristina Zuccardi.
La fiscal Susana Muscianisi notificó la imputación a Zuccardi como autor del fraude, y a Pedro Giovanello -apoderado de La Agrícola S.A. y Viña Santa Julia S.A. y fiduciario del Fideicomiso Familia Zuccardi- como partícipe necesario.
La defensa del reconocido bodeguero no se mostró sorprendida por la decisión de Muscianisi y aclaró que ahora Zuccardi tendrá posibilidades de exponer sus pruebas y demostrar su inocencia. “Recién ahora podrá defenderse”, aclararon.
La investigación apunta a un supuesto vaciamiento patrimonial que incluye:
- Cesión gratuita de 112 marcas comerciales, valuadas en más de 40 millones de dólares, a la empresa Viña San Julia S.A., controlada por sus hijos.
- Transferencia del 70% de sus acciones en La Agrícola S.A. a un fideicomiso familiar, administrado por Giovanello.
- Hipoteca de seis inmuebles a favor de una constructora, días antes de que la Suprema Corte de Mendoza dictara la condena en su contra.
- Modificaciones en el directorio de las sociedades, para ceder el control formal a sus hijos y dejar de figurar como titular de bienes registrables.
Luego de analizar los hechos denunciados, la fiscal consideró que existen elementos suficientes para imputar a Zuccardi y Giovanello por el delito de defraudación por insolvencia fraudulenta, que contempla penas de hasta seis años de prisión. Muscianisi también impuso una fianza de 10.000 dólares a cada imputado, que quedaron en libertad mientras continúa la instrucción de la causa
Entre las pruebas recolectadas, se destacan peritajes contables, declaraciones testimoniales de escribanos y empleados administrativos, cruces societarios e información registral sobre marcas, acciones y propiedades.
La Corte falló a favor de Cristina Zuccardi
En el marco de una disputa hereditaria que lleva más de tres décadas, el 5 de agosto de 2024 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó a José Zuccardi, símbolo de la industria vitivinícola argentina, pagarle a su hermana 12 millones de dólares más intereses (por lo que la cifra final duplica ese monto), por una distribución desigual de la herencia familiar.
El fallo consideró que Cristina recibió bienes por 7,8 millones de dólares, mientras que su hermano obtuvo activos por 94,7 millones, evidenciando una desproporción notoria y excesiva.
La Corte concluyó que los estereotipos y prejuicios jugaron un rol clave en la desigual distribución, por lo que aplicó una perspectiva de género al analizar el caso, señalando que los padres favorecieron al hijo varón en la distribución de los bienes, subestimando las capacidades de sus hijas.
El fallo, firmado por los ministros María Teresa Day, Pedro Llorente y Omar Palermo, reconoció que Cristina fue excluida de la empresa familiar por haber sido considerada “contestataria, rebelde, incómoda e inmanejable”, según testimonios obrantes en la causa.
La defensa del bodeguero apeló ante la Corte Suprema Nacional, buscando frenar los procesos en su contra a través de un recurso de queja. El máximo tribunal aún no decidió si tomará el caso.
Denuncian maniobras para evadir el pago
Tras el fallo de la Corte Provincial, Cristina Zuccardi denunció penalmente a su hermano por presuntas maniobras destinadas a ocultar o vaciar su patrimonio.
Las sospechas apuntan a una serie de movimientos financieros y societarios ejecutados entre 2020 y 2024, que habrían tenido como objetivo dificultar la ejecución de la sentencia y el cobro de la indemnización de la exlegisladora nacional.
Estas operaciones, según la denuncia, fueron ejecutadas en tiempo récord, muchas en fechas cercanas a la publicación del fallo de la Corte. Para la defensa de la mujer, se trata de una maniobra planificada de insolvencia fraudulenta, que busca impedir el embargo o ejecución de los bienes de su hermano.
Las claves del caso Zuccardi
- Alberto Victorio Zuccardi y Emma Cartellone tuvieron tres hijos: Cristina, Ema Inés y José.
- En la década del 60 fundaron tres empresas: Cimalco SA (CISA) constituida el 15 de diciembre de 1967; Cimalco Neuquén SA (CINSA), creada el 11 de julio de 1968; y La Agrícola SA (LASA), que nació el 22 de octubre de 1968.
- En 1986 realizaron la primera división de bienes, repartiendo entre sus hijos el 49% del capital social de las tres empresas (en partes iguales), conservando el control sobre todas ellas.
- El 26 de noviembre de 1991, los hermanos designaron a sus padres para que lauden y determinen su participación y distribución de los bienes de las tres sociedades. Además se comprometieron a acatar la resolución, sin ofrecer reparos ni requerir ninguna otra intervención.
- El 13 de diciembre de 1991, los padres suscribieron un laudo de distribución de las empresas a sus hijos, el cual se encontraba fundado en dos premisas básicas: un principio de equidad y un reconocimiento al “esfuerzo aportado en el nivel creativo” del hijo varón, reconociendo que ello había generado beneficios.
- El 23 de marzo de 1992, los padres efectuaron una donación como anticipo de herencia en favor de sus hijos. Luego de delimitar las acciones que poseían en cada empresa, dispusieron distribuir en partes iguales entre los tres hermanos las acciones de CISA y de CINSA. Respeto de la empresa LASA, le entregaron más del 87,46% de las acciones al hijo varón, que debía pagar una compensación a Cristina y Ema Inés. Una vez alcanzado ese acuerdo, los hermanos no podrían reclamarse por la equivalencia de los bienes que recibieron.
- El 30 de marzo de 1992, los padres vendieron a José las restantes acciones de la bodega La Agrícola SA, por la suma de 500.000 dólares.
- El 10 de septiembre de 1992, los padres rubricaron un nuevo manuscrito sobre su patrimonio y los bienes anticipados en herencia. Allí detallaron los valores totales de las empresas y los valores recibidos con anterioridad por sus hijos.
- El 20 de agosto de 1998, Alberto Victorio Zuccardi firmó un testamento en el cual manifestó confirmar su voluntad ya expresada al realizar anticipos en favor de sus tres hijos. También eximió a José de la obligación de traer a colación las donaciones o adelantos que recibió, otorgándole a una mejora de su herencia. Adujo que eran un reconocimiento a su labor desde 1976 que dio como resultado el crecimiento de La Agrícola y el beneficio de la familia.
- El 9 de febrero de 2014 falleció Alberto Victorio Zuccardi.
- El 7 de febrero de 2018, Cristina Zuccardi interpuso la demanda contra su hermano por acciones de reducción, simulación y fraude.
- El 30 de abril de 2020 falleció Emma Cartellone.
- El 2 de marzo de 2022, la por entonces titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas N° 3, Beatriz Fernanda Salvini, desestimó la demanda. Consideró que no hubo violación de su legítima hereditaria ni actos discriminatorios. Argumentó que los valores se establecieron en el momento de la donación y no se identificaron irregularidades en las operaciones patrimoniales.
- El 27 de julio de 2023, la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y Tributario (integrada por Silvina Furlotti, María Teresa Carabajal Molina y Gladys Delia Marsala) confirmó la sentencia de primera instancia. Sostuvo que las donaciones y transacciones se hicieron con el consentimiento de todos los hijos e indicó que no quedaban bienes a repartir al fallecimiento de los progenitores, ya que el patrimonio se había adelantado en vida.
- El 24 de agosto de 2023, la Suprema Corte de Justicia aceptó el recurso extraordinario provincial y se abocó al caso.
- El 5 de agosto de 2024, la Sala Primera del máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara de Apelaciones. Hizo lugar a las acciones de reducción y simulación interpuestas por Cristina Zuccardi contra su hermano y lo condenó a pagarle 12.002.827,72 dólares, más intereses desde la interposición de la demanda.
- El 14 de octubre de 2024, la Corte rechazó el recurso extraordinario federal solicitado por la defensa de José Zuccardi.
- En noviembre de 2024, el empresario presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise algunas interpretaciones del fallo.
- En diciembre de 2024, Cristina Zuccardi denunció penalmente a su hermano por defraudación. Lo acusó de intentar “vaciar” la empresa La Agrícola para declararse insolvente y no pagar la sentencia de la Suprema Corte.
El foco del debate
Uno de los ejes centrales del caso es la fecha que debe tomarse en cuenta para la valuación del patrimonio de la bodega, que con el paso de los años se transformó en Zuccardi Wines.
Para la defensa de José, el punto hay que ponerlo en el momento del anticipo de herencia, en 1992, cuando La Agrícola estaba tasada en 10,5 millones de dólares, mientras que ambas Cimalco no llegaban a los 2 millones.
Pero para SCJM, el corte hay que hacerlo el 9 de febrero de 2014, cuando falleció Alberto Victorio Zuccardi. En ese momento, el valor de mercado de La Agrícola fue estimado en más de 104 millones de dólares y el de las constructoras no superaba los 7 millones de dólares cada una.
De esta manera, Cristina sólo recibió un anticipo de herencia por 7,8 millones de dólares, mientras que el hijo varón terminó percibiendo bienes por 94,7 millones de dólares.