De los diez anexos del Instituto de Juego y Casinos que funcionan fuera del Gran Mendoza, la mitad está en condiciones de someterse a la decisión del gobernador Alfredo Cornejo, quien busca cerrar las salas de juego a medida que vayan venciendo los contratos licitatorios que vinculan al Estado con prestadores privados.
El mandatario adelantó que la relación con el juego que se desarrolló en ciudades chicas –donde funcionan locales con máquinas tragamonedas– ha sido, en algunas ocasiones, desastrosa. Y busca cerrarlas definitivamente. Los únicos casos que se estudiarán serán aquellos donde, además, hay presencia de un operador privado, por lo cual la presencia estatal apuntará a regular el marcado.
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Los anexos de Tupungato, La Consulta, Eugenio Bustos, Tunuyán y Uspallata tienen contratos vigentes hasta agosto de este año. En San Rafael, Rivadavia, San Martín, Malargüe y General Alvear las concesiones se estiran hasta el 2020, fecha en la cual, al menos por ahora, Cornejo no tendrá injerencia.
La decisión es estrictamente política. El Ejecutivo provincial ha mantenido conversaciones con los intendentes para evaluar cómo afectó el juego a la vida cotidiana en estos últimos años.
Desde el Instituto de Juegos, según explicó su presidenta, Josefina Canale, hubiesen preferido contar con un estudio de impacto social que hiciera foco en cada caso. Sin embargo, encargar un análisis de ese tipo llevaría meses y superaría los plazos en que debe definirse el cierre o la continuidad.
La falta de información puso en evidencia la nula participación del programa para prevenir la ludopatía.
“La gestión anterior, directamente, no se interesó por saber lo que estaba ocurriendo en los anexos. Nunca hubo asesoramiento para aquellas personas con problemas o asistencia para las familias con ludópatas”, explicó Canale. Y explicó que, precisamente por eso, no existe ninguna estadística oficial.
La información dada por los intendentes es uniforme. Todos manifestaron que el impacto social ha sido negativo. Las historias de quienes cobran sus sueldos y van directamente a las tragamonedas se repiten en mujeres, hombres, jóvenes y ancianos.
El primero que verá sus persianas bajas será el de Uspallata. La sala que actualmente explota la empresa Betec –propiedad del presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici– prácticamente no tiene chances de seguir después del 24 de agosto. La decisión está consensuada con el jefe comunal Daniel Orozco.
En el Gobierno descartan que se pueda generar algún tipo rispidez con el gobierno nacional, teniendo en cuenta la cercanía Angelici con Mauricio Macri. “No creemos que Angelici se queje. De hecho, es uno de los anexos que menos ganancia da, si es que da ganancia”, aseguraron en el Ejecutivo.
Ese mismo día también vencen los contratos con la empresa Bingo (de Bingo Ciudadela) que opera en Eugenio Bustos y La Consulta; con Ivisa, cuya cara visible es Claudio Ronsoni y está ubicada en Tunuyán, y con otra sala instalada en Tupungato concesionada a Angelici.
Las otras cinco, a las que aún les quedan cuatro años de contrato, pertenecen –según la información del Instituto– al empresario kirchnerista Cristóbal López, quien no solo es investigado por evasión fiscal a nivel nacional, sino que sus empresas aparecen entre las principales deudores impositivas de Mendoza.
Lo que ocurra en el Valle de Uco estará supeditado a los estudios que haga el Instituto sobre los resultados que da cada sala y a los informes municipales sobre cómo repercute el funcionamiento de las maquinitas a nivel social.
Al menos, uno de esos anexos quedará en funcionamiento para competir con el casino privado del hotel Fuentemayor, en Tunuyán.
Al Gobierno le preocupan dos situaciones puntuales a la hora de definir el cierre de los casinos. Primero, qué sucederá con los empleados. Cada anexo cuenta, en promedio, con entre 20 y 24 empleados. Por lo general, la mitad es personal efectivo del Instituto del Juegos y el resto está contratado por la empresa concesionaria.
“Ese es el punto que debemos resolver. No queremos que nadie se quede sin trabajo y estamos viendo cómo se puede hacer reconversión. Tenemos algunos proyectos en vista porque, además, la intención es dar algún tipo de esparcimiento que cumpla una función social y no tenga impacto negativo”, contó Josefina Canale.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por su parte, reconocieron que siguen el asunto a través de los medios, aunque aseguraron estar al tanto de los problema sociales que se están generando. Confirmaron que la gestión anterior no quiso implementar el programa contra la ludopatía y aseguraron que, por ahora, la única preocupación es que no se pierdan fuentes laborales.