Casi una paradoja, los lugares de la provincia con los índices de criminalidad más altos nunca son los que impactan en la opinión pública. Se sabe, lo que sucede en las zonas denominadas rojas o conflictivas no influyen a la hora de establecer políticas de Estado que apunten a la seguridad. En todo caso, a quienes viven allí se los condena a un encierro en libertad; a patrullajes y operativos masivos que tienen como objetivo limitar el tránsito e impedir filtraciones.

En Mendoza, en la práctica, predomina el derecho penal de autor. Una persona pasa a ser sospechosa por su aspecto y por su condición social. Y, del mismo modo, se evalúa a las potenciales víctimas. Se estigmatiza a unos y a otros. Y así están los pasillos de los Tribunales. Es una permanente lucha de clases.

Es pragmatismo puro. Ese prejuicio está presente tanto en las dependencias policiales como judiciales. No se atiende a todos por igual ni se toman todas las denuncias con el mismo nivel de seriedad. Se apela impunemente al tráfico de influencias para conseguir resultados positivos; para motorizar una causa, para estimular una investigación y para evitar que un expediente termine en una de archivos de denuncias sin sospechosos y sin acusación alguna.

Existe un exceso de confianza en los operadores judiciales que intervienen, tanto en los ayudantes fiscales, que son la primera línea de fuego, como en algunos fiscales, que no ejercen el cargo, sino lo ostentan. Otros, directamente, pecan de desconocimiento, como sucedió en Godoy Cruz, con Lauro Monticone, que intentó hacer una mediación entre una mujer y su pareja luego de una denuncia por violencia de género.

El homicidio de Ayelén Arroyo roza con el de Soledad Olivera, la mujer desaparecida en Lavalle y cuyo paradero, más allá de que se presume que fue asesinada, continúa siendo una incógnita. Su caso salió a la luz por otro hecho similiar, el de Johana Chacón. Antes, la denuncia hecha por su familia y que había quedado asentada en la fiscalía de Darío Nora no había traccionado. Nadie le prestó atención. O sí. Se presumió que la víctima se había ido con alguien por su voluntad o, peor aún, decidieron que no valía la pena iniciar una investigación exhaustiva para buscarla. No daba el perfil.

Con Ayelén pasó lo mismo. La denuncia por abuso sexual se tomó con total liviandad. El acceso universal a la Justicia no existe. De lo contrario, el fiscal Fabricio Sidoti hubiese utilizado las herramientas que tenía a disposición para evitar un final trágico. O la prisión preventiva o, si entendía que aún no existían pruebas suficientes, la garantía de que la chica no iba correr peligro. Era cuestión de involucrarse en la causa. No tomarlo como un hecho más de los tantos miserables que ocurren en uno de los puntos más marginales de Mendoza. Comprender la geografía del asunto y darse cuenta de que, por más restricción y prohibición de acercamiento, si el denunciante vivía a sólo unos metros de la potencial víctima, en pocos segundos podía cruzar una calle de tierra y degollarla.