El Gobierno publicó este miércoles dos decretos vinculados con sanciones disciplinarias dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia. Uno de ellos dispuso la cesantía de un empleado civil investigado por un hecho relacionado con la posesión de estupefacientes, aunque la medida quedó condicionada a la resolución judicial sobre su tutela gremial.
El otro confirmó una sanción de 50 días de suspensión para un agente del Servicio Penitenciario, investigado por la presunta presentación de un certificado médico apócrifo para justificar inasistencias.
En el primero de los casos, el sumario administrativo se originó a partir de un procedimiento realizado en 2021, cuando el trabajador civil del Ministerio de Seguridad y Justicia fue detenido y se constató la posesión de estupefacientes. A partir de ese hecho intervino la Justicia Federal y posteriormente se inició la investigación administrativa para determinar si su conducta constituía una falta disciplinaria.
La Oficina General de Sumarios consideró acreditada la responsabilidad administrativa y sostuvo que la conducta era incompatible con los deberes y prohibiciones establecidos para la función pública.
La investigación recomendó la cesantía y señaló que la gravedad del hecho comprometía, además, la imagen institucional de un organismo encargado de prevenir y perseguir delitos. La Junta de Disciplina y la Asesoría Letrada coincidieron con ese criterio.
Sin embargo, la ejecución de la cesantía quedó suspendida hasta que se resuelva judicialmente la exclusión de la tutela sindical. El decreto señala que el trabajador había sido elegido delegado gremial para el período 2023-2025 y que, por esa condición, la Administración debe obtener previamente una resolución judicial favorable para avanzar con la sanción expulsiva. El Ejecutivo instruyó a los representantes legales del Estado a iniciar las acciones necesarias para solicitar el levantamiento de esa protección.
Certificado trucho
El segundo decreto rechazó el recurso presentado por un agente del Servicio Penitenciario contra una sanción de 50 días de suspensión laboral, que además había derivado en su pase a revista pasiva durante ese período. La medida disciplinaria se vinculó con la investigación sobre la presunta presentación de un certificado médico apócrifo para justificar ausencias laborales.
El agente había cuestionado el procedimiento, la valoración de las pruebas, la proporcionalidad de la sanción y la decisión de pasarlo a revista pasiva. Sin embargo, Asesoría de Gobierno concluyó que las resoluciones estaban debidamente fundamentadas y que la sanción era proporcional a la gravedad de la conducta investigada. También remarcó que la responsabilidad administrativa es independiente de una eventual causa penal por los mismos hechos.
Finalmente, el Ejecutivo admitió formalmente el recurso, pero lo rechazó en su contenido, desestimó el pedido de nulidad y negó la suspensión de la ejecución de la sanción. La resolución agotó la vía administrativa y dejó habilitada la posibilidad de recurrir a la Justicia mediante una acción procesal administrativa.