El Gobierno de Mendoza oficializó este viernes, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la aprobación de un importante convenio firmado con la Dirección Nacional de Vialidad para la ejecución de obras, conservación y mantenimiento de diversos tramos de rutas nacionales que atraviesan la provincia. El decreto se convirtió en realidad tras un dictamen favorable de Fiscalía de Estado.
El acuerdo fue suscripto el pasado 14 de mayo por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy. A través de este convenio, el organismo nacional cede a la provincia la responsabilidad de ejecutar y mantener varios tramos viales estratégicos, totalizando más de 210 kilómetros.
Los tramos incluidos en el convenio son:
- Ruta Nacional Nº 7: Desde Palmira hasta el Nudo Vial (Av. Costanera), con una extensión de 28,9 km.
- Ruta Nacional Nº 40: Desde calle Azcuénaga (Acceso Sur) hasta el empalme con RN7 (Acceso Este), abarcando 16,2 km.
- Ruta Nacional Nº 40: Desde el empalme con RN Nº 7 hasta el cruce con el ferrocarril Gral. San Martín, con 7 km.
- Ruta Nacional Nº 40: Desde el empalme con RN Nº 7 hasta la Ruta Provincial Nº 96 (Calle El Álamo), totalizando 50,8 km.
- Ruta Nacional Nº 143: Desde Pareditas hasta San Rafael, en un tramo de 109 km.
La Provincia asumirá las tareas mediante administración directa o a través de los sistemas de contratación y certificación más convenientes, según la legislación vigente. Asimismo, financiará completamente las obras sin reembolso por parte del Estado Nacional.
Además, el acuerdo contempla la posibilidad de que Mendoza gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional la implementación de un sistema de concesión con peaje sobre los tramos intervenidos.
Según lo establecido, todas las obras deberán cumplir con las especificaciones técnicas de Vialidad Nacional y, en los casos que corresponda, se realizarán estudios de impacto ambiental conforme a las normativas nacionales y provinciales.
El convenio tendrá una vigencia inicial de 36 meses desde su aprobación formal, con posibilidad de extenderse según la naturaleza y complejidad de los trabajos.
Este acuerdo representa un paso clave en la mejora de la infraestructura vial mendocina y apunta a optimizar la conectividad y seguridad en rutas de alta circulación.