El Gobierno despidió a cuatro trabajadores de la Salud por diferentes irregularidades, que van desde maltratos a pacientes, hasta por el consumo de sustancias ilegales.
El Sauce: un enfermero con antecedentes disciplinarios
El primero de ellos es un enfermero que prestaba servicios en el Hospital Escuela de Salud Mental “El Sauce”, tras un sumario administrativo que comprobó maltrato verbal a una paciente, faltas injustificadas y un historial de antecedentes disciplinarios.
El sumario administrativo imputó al agente una serie de graves incumplimientos a las normativas de la función pública y de su carrera profesional, incluyendo:
- Maltrato a pacientes: se imputó haber ejercido maltrato verbal y psicológico a una paciente internada en el Servicio S.A.I. Mujeres durante el mes de junio de 2022.
- Ausentismo crónico: se registraron al menos 6 faltas injustificadas en un período que abarca desde diciembre de 2022 a agosto de 2023.
- Deuda horaria: adeudaba un total de 35:14 horas no justificadas en varios meses, lo que representa más de dos jornadas laborales completas (dado que su jornada es de 12 horas).
- Conducta inapropiada: Se constataron tardanzas injustificadas, “comentarios fuera de lugar”, modos de comunicación conflictivos con familiares y pacientes, y quejas de Equipos Interdisciplinarios.
El informe interno del Hospital de Salud Mental “El Sauce” confirmó que el agente no era un infractor primario, ya que contaba con antecedentes disciplinarios, incluyendo una sanción previa de 30 días sin goce de haberes impuesta en 2020 por la presentación de certificados médicos irregulares.
Lagomaggiore: adeudaba más de 400 horas
También despidieron a un profesional del Hospital Lagomaggiore, tras comprobar un incumplimiento de sus deberes que resultó en una deuda de más de 446 horas de servicio, desestimando el argumento del agente de haber creído informalmente que había sido desafectado de su mayor dedicación.
La causa de la sanción es el incumplimiento de la carga horaria que el agente tenía asignada bajo el régimen de mayor dedicación (48 horas semanales). Los informes del sumario documentaron un déficit masivo de horas laborales:
En su descargo, el agente argumentó que creyó haber sido desafectado informalmente de su mayor dedicación en mayo de 2024, lo que justificó su cambio en la rutina y el menor cumplimiento horario.
El Ejecutivo, sin embargo, desestimó esta defensa. El decreto señala que el profesional “reconoce haber incurrido en el mencionado incumplimiento”, pero su alegación de “mal entendido” no está sustentada por ninguna prueba de comunicación, ni siquiera informal.
Se aclara que la falta no fue tipificada como inasistencia injustificada o abandono de servicio, sino como “incumplimiento de la prestación de servicio con responsabilidad, eficacia, capacidad y diligencia”.
Perrupato: no regresó y tampoco presentó certificado médico
En tanto, también fue despedida una profesional del Hospital “Alfredo I. Perrupato”, luego de que no regresara a su puesto ni presentara justificación médica durante meses, un hecho que la Administración Pública tipificó como un claro abandono de trabajo.
El sumario administrativo se inició en marzo de 2025 debido a que la profesional no regresó a trabajar después de que su licencia psiquiátrica venciera el 19 de noviembre de 2024.
- Extensión de la ausencia: la profesional estuvo con licencia psiquiátrica desde el 2 de mayo de 2024 hasta el 19 de noviembre de 2024.
- Falta de comunicación: a partir de la fecha de vencimiento, la agente no presentó nuevos certificados médicos ni concurrió a su puesto. El hospital intentó establecer comunicación con ella sin éxito, aunque sí se logró contactar a sus familiares para informarles de la situación.
- Abandono acreditado: el Gobierno consideró que, dado el tiempo transcurrido sin que la agente se presentara a pesar de ser intimada a hacerlo, y su completa falta de respuesta al sumario, incurrió en un claro “abandono de trabajo”.
Gailhac: condenado por cultivar estupefacientes
Se decidió despedir a un agente que prestaba funciones en el Hospital “Héctor E. Gailhac” tras ser condenado por la Justicia Federal a cuatro años y cuatro meses de prisión por infracción a la Ley de Estupefacientes. La Administración Pública consideró que el delito penal violó el deber de conducta decorosa exigido a todo empleado público.
El sumario administrativo inicial se centró en las 22 faltas injustificadas del agente. Sin embargo, el proceso se suspendió al constatarse que había sido detenido y se encontraba imputado por un delito federal.
El proceso penal por “Infracción Ley 23.737” (Ley de Estupefacientes) concluyó el 31 de marzo de 2021 con una sentencia condenatoria. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza N° 1 le impuso una pena de cuatro años y cuatro meses de prisión y una multa por hallarlo penalmente responsable del delito de cultivo de estupefacientes con dolo de tráfico.