El Gobierno de Mendoza celebró como una victoria que la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) tuviera que devolver un millón de pesos por aránceles indebidos a la música en salones privados de fiesta. Sin embargo, en el Estado hay otras 90 denuncias similares contra la histórica entidad a la que se puso un freno en la recaudación que, para muchos, era arbitraria.
Mónica Lucero, directora de Defensa al Consumidor en Mendoza, informó que SADAIC reintegró esa suma al organizador de eventos denunciante, al que la entidad le cobró el canon en dos oportunidades distintas: uno de $400.000 y otro de $600.000.
Al consultar con la Asociación Salones de Fiesta Mendoza sobre los valores que estas organizaciones vinculadas a los derechos de autor cobran a sus asociados, su presidente, Mauricio Sequeiros, explicó que en algunos casos se llegaron a montos cercanos al millón y medio de pesos.
Tanto Lucero como Sequerios remarcaron la importancia del precedente a nivel nacional.
“Viendo los resultados, el resto de las provincias está empezando a copiar el modelo de Mendoza“, aseguró el empresario del rubro de las fiestas.
Según la funcionaria a cargo de las políticas de defensa del consumidor, la Provincia ya trabaja en forma conjunta con las otras jurisdicciones del país, y valoró que “hemos sido muy claros con la situación de los salones”.
Las denuncias de este tipo deben ser presentadas con el comprobante del cobro a Defensa al Consumidor, dependiente del Gobierno de Mendoza. Las presentaciones serán procesadas según lo estipulado en la Ley provincial de Defensa del Consumidor, donde la Justicia mendocina definirá si corresponde la devolución del dinero.
El conflicto con el cobro por la música en fiestas
Entidades como SADAIC, la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI) y la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), se encuentran en el foco de la tormenta luego de que la Provincia decidiera aplicar el Decreto Nacional 765/24, para terminar con los cobros a la música en fiestas privadas efectuadas en salones de fiesta.
Desde entonces, el Gobierno de Alfredo Cornejo efectuó una serie de acercamientos con los dueños de salones de fiestas para instalar que en la provincia ya no corresponde el pago de aranceles a la música.
Esto llevó a conflictos con los cobradores que se siguieron presentando para reclamar un pago, en algunas ocasiones con amenazas que llevaron a presentación de denuncias en contra de los mismos. Además, desde el primer momento se dispuso el cobro de multas a las entidades por continuar con los aranceles.