La crisis golpea con fuerza por estos tiempos, y las estrategias para superarla están a la orden del día. Por esto, es muy común conseguir objetos en el mercado del usado por menos de la mitad del precio que costaría comprarlos nuevos.
Sin embargo, estos bienes pueden esconder una trampa: nada indica que no hayan sido conseguidos a través del robo. Para evitar que el saqueo de una vivienda siga siendo un buen negocio para los delincuentes es que se presentó este proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en la Cámara Alta. La idea es que todo el que haya decidido comprar y vender bienes usados, deba llenar un registro en el momento de la transacción. Las casas de comercio dedicadas a esta actividad que no cuenten con tal documento deberán abonar multas estipuladas por la misma ley.
La iniciativa es del oficialismo y fue apoyada por el presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), José Poquet; el ministro de Seguridad, Carlos Ciurca, y el senador jaquista Miguel Serralta.
Poquet explicó que lo que se intenta es regular las transacciones que se realizan con los objetos usados, porque, en general, este es uno de los mercados más informales que existen. A partir de la sanción completa de este proyecto, lo que se logrará es crear un registro de estos productos. Cuando una personas quiera vender sus pertenencias, deberá llenar un formulario en el que anotará nombre y apellido del vendedor, número de documento, domicilio, marca y modelo del objeto, número de identificación y fecha de la venta o reparación, entre otros aspectos.
Entre los bienes que se registrarán, están contemplados los electrodomésticos en general, tales como lavarropas, heladeras, notebooks, máquinas de coser, equipos de audio y todos los elementos de telefonía celular. También se tendrán en cuenta las bicicletas.
Además de este registro, Poquet explicó que se solicitará un libro de registro de ventas a los comerciantes, en el que se dejará constancia de las transacciones, y cada tres meses deberá ser presentado a las autoridades que lo soliciten.

quién controlará. Tanto Poquet como Serralta y Ciurca hicieron hincapié en que la autoridad de aplicación de la ley serán los municipios. Tendrán la responsabilidad de controlar, y para esto, enviarán a sus inspectores a los lugares de compra-venta.
Según el ministro de Seguridad, no sólo los comercios, sino también las ferias americanas, las callejeras y hasta los persas tendrán que llevar un registro de lo que se vende.
Las sanciones que se han pensado para los que no cumplan esta legislación oscilan entre los 700 pesos y los tres mil pesos. Este último monto es para el que reincide tres veces. También se secuestrará la mercadería en el caso de ser necesario. Ahora, sólo falta que Diputados se expida al respecto.