El Gobierno de Mendoza rechazó el pedido de una profesional de la salud que buscaba una excepción a la ley 8727 que establece que ningún empleado público pueda ganar más que el gobernador.
El caso se originó con una médica del Hospital “Dr. Humberto J. Notti”, quien interpuso un recurso de alzada. La doctora buscaba la inaplicabilidad de la norma argumentando que ciertos acuerdos paritarios anteriores (Actas Acuerdo Comisión Negociadora Ley Nº 7759) deberían aplicarse con prioridad, permitiéndole una remuneración superior al tope.
El decreto, tras analizar los recursos presentados, resolvió aceptar formalmente el recurso (por estar presentado en tiempo y forma), pero fue rechazado sustancialmente.
El argumento central del Poder Ejecutivo, respaldado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Asesoría de Gobierno, es contundente: la Ley Nº 8727 es de “orden público” y debe aplicarse con preeminencia sobre “toda otra disposición legal y/o convencional”.
Dato clave: La Ley Nº 8727 establece que ningún empleado público, bajo ninguna modalidad o concepto, puede percibir una remuneración bruta total superior a la que legalmente corresponde al cargo del Gobernador de la Provincia.
El decreto subraya que, si bien la propia ley prevé excepciones (Art. 6º), estas deben ser expresas y dictadas por una norma posterior, lo cual no se configura en este caso.
La profesional había denunciado que la negativa a resolver favorablemente su pedido constituía un “manifiesto desvío de poder” y un “trato evidentemente discriminatorio”.
El Gobierno desestimó estas acusaciones, argumentando que la aplicación de una normativa de orden público y reglada por ley no puede ser considerada un acto discriminatorio, ni configurar un desvío o abuso de poder, ya que la decisión del Hospital se basó en el cumplimiento de la ley y se encontró debidamente motivada.
En consecuencia, el decreto del Gobernador ratifica la decisión previa del Hospital Notti, cerrando la vía administrativa del reclamo de la doctora y consolidando la estricta aplicación del tope salarial para todo el ámbito del Estado provincial.