En Mendoza, con la implementación de la ley conocida como “Cámara Testigo”, ya no serán únicamente los agentes en la calle o los radares oficiales quienes detecten infracciones: desde este miércoles, cualquier ciudadano podrá convertirse en un observador activo del cumplimiento de las normas viales.
La norma introdujo un esquema mixto donde la tecnología, la participación social y la validación judicial se combinan para ampliar el alcance del control estatal.
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Un nuevo actor en el tránsito: los ciudadanos
A partir de ahora, cualquier persona podrá enviar fotos o videos que registren una posible infracción. Este material deberá remitirse a través de canales digitales oficiales, como plataformas web o aplicaciones de mensajería.
Esto implicó un cambio concreto: el control dejó de ser exclusivamente estatal y pasa a incorporar una lógica colaborativa. En la práctica, situaciones como maniobras peligrosas, cruces en rojo o estacionamientos indebidos podrán ser captadas en tiempo real por quienes circulan a diario.
Sin embargo, la ley es clara en un punto clave y es que estos envíos no constituyen una denuncia formal ni tienen validez automática como prueba. Son, en términos legales, una “comunicación ciudadana”.
El valor que tendrán las fotos y videos
El material enviado no tendrá, por sí solo, fuerza probatoria. Es decir, no bastará una imagen para generar una multa directa. Lo que sí cambia es que esa evidencia podrá activar un proceso.
Las autoridades administrativas podrán analizar el contenido y, si lo consideran pertinente, elevarlo al juzgado vial correspondiente junto a un informe preliminar. Allí comienza una segunda instancia, donde se evaluará si existen elementos suficientes para avanzar.
Este punto introdujo una modificación importante: se amplía el universo de posibles infracciones detectadas, pero se mantiene un filtro institucional para evitar sanciones arbitrarias.
Más trabajo para los juzgados viales
Con la entrada en vigencia del sistema, los juzgados viales tendrán un rol más activo. Serán los encargados de analizar cada caso, determinar la validez del material y, si corresponde, ordenar medidas adicionales para verificar la infracción.
Esto podría traducirse en un incremento en la cantidad de expedientes, pero también en un sistema más exhaustivo, donde las infracciones no dependan únicamente de la presencia de controles físicos.
Filtros para evitar abusos o errores
La normativa también prevé mecanismos para descartar contenido inválido. Las autoridades podrán excluir registros que no correspondan a la jurisdicción o que presenten indicios de manipulación o falsedad.
De este modo, se intenta equilibrar la apertura del sistema con garantías mínimas de confiabilidad, evitando que denuncias infundadas o malintencionadas generen consecuencias.