La última reunión de la Mesa de Enlace por la Seguridad permitió al Gobierno obtener el aval político y de la Justicia para avanzar en dos medidas que permitan solucionar la superpoblación carcelaria en Mendoza. No son propuestas nuevas. Por un lado, el ministro Rodolfo Lafalla aseguró que en breve se lanzará el concurso público para licitar 100 pulseras electromagnéticas destinadas a presos que reciben beneficios extramuros y, por el otro, comenzarán a estudiar el proyecto de una nueva cárcel en Cacheuta, proyectada por una firma privada, que se sumará al penal de Almafuerte y al edificio destinado a presos federales que se espera inaugurar a mediados de 2015. 

El encuentro de este ámbito se dio en el ministerio de Gobierno. El ministro Rodolfo Lafalla recibió a sus pares del gabinete, Rolando Baldasso y Leonardo Comperatore; a legisladores de la Bicameral de Seguridad y a los representantes del Poder Judicial, el procurador Rodolfo González y el vocero de la Corte, Raúl Vicchi. 

Pulseras antes de fin de año

El Gobierno ha reconocido que las cárceles mendocinas están al límite. Por eso, evalúa medidas de corto y largo alcance. Entre las primeras, el ministro presentó a este ámbito tripartito la idea de realizar el seguimiento de los presos a través de pulseras electromagnéticas. La experiencia que han seguido con atención es la del Servicio Penitenciario de Buenos Aires, que en la actualidad tiene a mil internos bajo este sistema de monitoreo.

Este sistema, definido por los especialistas como una “carcel virtual”, estará destinado a presos mendocinos que se encuentren en fase de confianza o aquellos que están con arresto domiciliario. 

“Estamos en un proceso de una comisión con un dictamen previo para este viernes. Luego pasa a la licitación y, si todos estamos de acuerdo, puede que esté licitado antes de fin de año”, explicó Lafalla. La comisión integrada por universidades locales y organismos técnicos presentará un informe.

El Gobierno quiere todo en regla, considerando que ya hubo una licitación que se cayó años atrás y que la inversión para este nuevo sistema es fuerte, ya que alcanza casi los 6 millones de pesos con una prueba piloto de 100 pilotos, lo que incluye el sistema de control a través de una empresa privada. “Queremos una medida que garantice que una persona esté cumpliendo el arresto domiciliario, no como hoy que nadie controla”, definió Lafalla. 

Los funcionarios han comprometido a aportar más información a la Mesa de Enlace que, por ahora tiene algunas interrogantes generales. Principalmente, cómo se implementará el sistema de monitoreo. 

Tanto el procurador de la Corte, Rodolfo González, y el radical Héctor Quevedo, titular de la Bicameral de Seguridad, quieren más información por parte del Gobierno sobre este sistema. “Planteamos una serie de dudas e inquietudes”, manifestó el legislador de la oposición. Y agregó: “La pulsera puede ser un avance, pero tenemos que ver cuáles son los costos. No podemos tener a 250 policías controlando permanentemente a un interno con arresto domiciliario”. 

Las cárceles

Las otras dos medidas para descomprimir la situación carcelaria consiste en terminar el penal de presos federales y, por otro, avanzar en la construcción de un tercer penal proyectado en este caso por una firma privada. 

Lafalla adelantó que espera que en junio de 2015 se inaugure en el predio de Cacheuta -junto a Almafuerte- la prisión para internos por causas federales, que hoy comparten espacio con aquellos detenidos por delitos provinciales. Esto permitiría liberar unas 600 plazas. 

Por otra parte, está en manos del ministro Rolando Baldasso el proyecto presentado por Obras Andinas, una firma privada que está vinculada al empresario sanrafaelino Omar Alvarez. Ahora, el Gobierno pondrá en consideración este proyecto para sumar otras 940 plazas más. El proyecto tiene que obtener el aval político en la Legislatura y luego el Gobierno saldrá a ofertarlo en licitación pública. Obras Andinas corre con un mínimo de ventaja, en este punto, por presentar el proyecto. Tiene la posibilidad de igualar la  mejor oferta que se haga para la construcción. 

La cárcel privada fue anunciada en abril de 2013 por el antecesor de Lafalla, Félix González. En ese momento, autoridades del Servicio Penitenciario calculaban que este nuevo penal costaría aproximadamente unos 600 millones de pesos a la provincia. El ministro Lafalla no adelantó si este proyecto estará calculado en el nuevo Presupuesto 2015.