La medida adoptada por el intendente de Santa Fe, José Corral, de suspender la venta de armas y municiones por tres meses para tratar de frenar la ola de violencia que arrojó 114 muertos en lo que va del año en esa ciudad, ha recogido más detractores que adherentes en Mendoza. Por el contrario, armeros, especialistas e intendentes aseguran que la iniciativa favorecerá al mercado negro. Pero también remarcaron que, por sí sola, la prohibición no será efectiva ya que hace falta incentivar en políticas de desarme y en la inteligencia criminal sobre la venta o alquiler de armas ilegales.  

Intendentes a favor del desarme

Para el intendente de Las Heras, Ruben Miranda, la disposición de su par santafesino tampoco solucionaría el problema de la inseguridad. “No se cómo será la realidad en santa Fe, pero de acuerdo a la legislación nuestra no veo que cause un efecto que pueda evitar el uso clandestino, el comercio clandestino y el abuso”. En Las Heras, según indicó el intendente, sólo hay un comercio de reparación de armas habilitado y para lograr la correspondiente validación municipal se deben presentar los avales del Renar y Repar, los organismos nacional y provincial, respectivamente, entre otros trámites.  

“No creo que sirve para frenar el mercado negro. En esto tiene que ver la justicia, con la policía y un programa de educación que propicie el desarme, pero la prohibición no favorece el desarme”, concluyó Miranda.    

Por su parte, el intendente de Capital, Rodolfo Suárez, sostuvo que “la situación de Santa Fe no es la misma que la de la Ciudad de Mendoza. Si bien hay problemas de seguridad, los delincuentes no van a ir a comprar a las armerías”, sostuvo. Suárez adelantó que en breve la municipalidad capitalina lanzará también un plan de desarme. “Ahí es donde hay que trabajar”, apuntó el intendente radical. Capital concentra la mayor cantidad de armerías en la provincia. 

Cornejo: “Hace falta inteligencia criminal sobre los vendedores ilegales”

El intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, avaló la medida pero indicó que tiene que tomarse en el marco de un programa para eliminar las armas de la calle, de las cuales “muchas son ilegales en Mendoza y la prohibición de las ventas no tiene un efecto sobre el mercado ilegal”. Cornejo sostuvo que es necesario otras medidas complementarias a la prohibición.

“Me animaría -a tomar una medida así-, pero el principal esfuerzo que hay que hacer en el Estado es de inteligencia criminal sobre los vendedores y la gente que alquila armas para cometer delitos”, sintetizó. 

Difonso: “El Gobierno tendría que implementar esta medida”

El intendente de San Carlos -que fue compañero de universidad de su par santafesino- ya le pidió la norma y los antecedentes a Corral, para evaluar si la iniciativa no choca con la Constitución. Jorge Difonso se mostró “plenamente de acuerdo”, pero agregó que debería estar acompañada de otras acciones para que no sea “espasmódica”, como “un chequeo domiciliario de las armas”. Difonso podría declarar también esta medida en su departamento aunque sólo hay un comercio que vende armas en menor escala. “Creo que es simbólico si esto se multiplica en municipios de todo el país, como la trata de personas eliminando los cabarets”, sostuvo.

Aún más, propuso que Francisco Pérez también lleve algo similar. “La estadística de Mendoza es igual o por que la de Santa Fe, pero allá han visto el problema y encaran acciones concretas sobre una problemática. El Gobierno debería implementar una medida así”, concluyó. 

Para Chessi y Cassia,  la medida favorece el mercado ilegal

El primero en defenestrar, prácticamente, la prohibición fue el reconocido armero Aldo Chessi, propietario de El Tirolés y crítico habitual de las políticas de desarme. Chessi afirmó con vehemencia que el intendente santafesino “es un pelotudo, porque prohibe la venta de armas legales y los homicidios fueron cometidos por armas ilegales. Pagan justos por pecadores”. 

Chessi reafirmó que los delincuentes portan armas no registradas en los organismos oficiales y que “no hay una sola política en la Argentina que apunte a las armas ilegales. Las armas son buenas o malas según quien las empuñe”, definió el comerciante, que suele acompañar las protestas de familiares de víctimas del delito.

Con menos enjundia, el diputado Daniel Cassia recalcó que “el usuario de arma legal no comete estos ilícitos. Lo que hay que perseguir son las armas ilegales”. El legislador que está a favor de la mano dura cuestionó la iniciativa al señalar que no corta con el circuito ilegal. “Han aumentado un 300 por ciento los accidentes de auto y por eso vas a prohibir la venta de autos. No estoy de acuerdo”, graficó. 

Appiolaza: “Apunta a un cambio cultural y simbólico”

Martín Appiolazza, especialista mendocino en políticas de desarme, consideró que la prohibición para las armerías “ es una medida que apunta a instalar un cambio cultural y simbólico en la materia”. Y destacó que el foco “está puesto en las municiones, teniendo en cuenta que existen vasos comunicantes entre el mercado legal y el ilegal”.

El Registro Nacional de Armas, a cada ciudadano que tiene permiso de tenencia de arma de fuego, le da un cupo de hasta 1.000 balas por año para comprar. “Muchas veces, se carga a la cuenta de un tenedor legal una cantidad de balas que no usa, y esa sobreventa de balas terminan en el mercado negro”, explicó Appiolaza.

“La cuestión del mercado legal de armas está muy controlado, pero no así el de las municiones”, afirmó Appiolaza, ya que, dijo, “no es fácil controlar cuántas balas utiliza un tenedor legal de armas”. La medida de Corral, en este sentido, está enmarcada en las posibilidades con que cuenta un municipio en relación a las regulaciones comerciales, y “llamará la atención, de ahí el impacto cultural que busca”.