En la votación del proyecto de Presupuesto 2023 en el Congreso Nacional, los diputados mendocinos que integran Juntos por el Cambio (JxC) mostraron sus diferencias, ya que el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) votaron de manera dividida, tanto de manera general como en algunos artículos.

En el debate de la iniciativa presentada por el Gobierno, que comenzó el martes y se extendió hasta la mañana de este miércoles en la Cámara de Diputados, los representantes opositores por Mendoza marcaron sus disidencias.

En la votación general, que resultó en que la iniciativa fuese sancionada, el radicalismo decidió avalar la pauta presupuestaria elaborada por el peronismo para el próximo ejercicio, a través de sus legisladores: Lisandro Nieri, Julio Cobos, Pamela Verasay y Jimena Latorre. Sin embargo, el PRO, con los diputados Omar De Marchi y Álvaro Martínez, se abstuvo.

“El presupuesto partía de indicadores falsos, como la inflación anual proyectada del 60%, y no resuelve ningún problema de los argentinos. Pero es un plan de gobierno que, aunque no lo compartimos, es el último de esta gestión y será un año de transición. Por eso la abstención”, explicó Martínez.

“Al no tener el presupuesto aprobado en 2022, eso habilitó al Ejecutivo a gobernar a través de decretos. Entendimos que en esta oportunidad no tenía que suceder lo que ocurrió el año pasado, cuando no lo aprobamos. Ellos debían salir a buscar sus propios votos. Estamos en un momento económico difícil, a lo que se suma la interna política” del peronismo, agregó. 

Ver también: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2023

Desde el radicalismo, el legislador nacional Lisandro Nieri fundamentó el voto afirmativo en que el Gobierno sería “más peligroso sin presupuesto” y que “lo mejor” es que Alberto Fernández “tenga el presupuesto”, no sin criticar la propuesta.

Martínez, presidente del PRO en la provincia, espacio que ya ha marcado posturas disidentes con la UCR, y que tiene a De Marchi como aspirante a pelear por la gobernación provincial, indicó que “trabajaron en conjunto” con sus aliados y que las diferencias fueron expuestas en las reuniones previas al debate en el recinto. 

“Se explicaron las posiciones que cada uno iba a tomar, algunos temas se consensuaron y se lograron caer artículos, como el de las retenciones a las exportaciones del agro, Ganancias al Poder Judicial, y casi el de la tasa aeroportuaria” un impuesto en los pasajes aéreos.

Las diferencias en particular

En el tratamiento en particular se destacaron diferencias en diversos apartados. Uno de ellos fue el que más repercusión tuvo en Mendoza, el artículo 89 (antes 90), que habla de que las provincias se hagan responsables de las deudas de las distribuidoras eléctricas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), en caso de que las empresas no las regularicen.

“No podemos someter a las provincias, nos abstuvimos dejando eso en claro, y presentamos modificaciones que no fueron aceptadas”, señaló Martínez.

Ante el rechazo opositor, el oficialismo decidió hacer una modificación y se eliminó la posibilidad de retener fondos de coparticipación a las jurisdicciones. Pero esto no convenció al radicalismo, que dio su voto negativo, mientras que el PRO optó por la abstención.

La redacción original planteaba la posibilidad de que las deudas con Cammesa sea saldada con esos aportes, lo que generó preocupación en Mendoza, ya que Edemsa mantiene una deuda superior a los 11.300 millones con la mayorista que le vende la energía.

Otro aspecto en el que los mendocinos de JxC se dividieron fue en el artículo que incluye la posibilidad de que las empresas puedan ajustar sus ganancias por inflación, siempre que los balances arrojen resultados positivos este año, algo que acordó “los amarillos” con el oficialismo, pero que los radicales no acompañaron por considerar que se necesitaba más tiempo para el análisis. 

El objetivo es que las compañías no paguen ganancias “ficticias” como consecuencia del impacto inflacionario sobre sus cuentas nominales. Actualmente, las empresas pueden deducir del impuesto a las ganancias la pérdida monetaria que genera la inflación en un solo pago. Lo que se busca para 2023 es que la deducción sea prorrateada en tres años.

A su vez, hubo división en el artículo 90, que establece prorrogar la concesión de AYSA, empresa que presta los servicios de agua corriente y cloacas en Buenos Aires. Martínez votó a favor, mientras que De Marchi se abstuvo, y la UCR no acompañó.

“Si se caía la concesión, se tenía que hacer cargo el Estado y significaba un nuevo gasto. Era mejor darle la concesión porque generaba un perjuicio”, afirmó el presidente del PRO en Mendoza.