El sistema penitenciario federal argentino continúa tensionado por el crecimiento constante de su población carcelaria. Según un reciente informe publicado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, en el primer trimestre de 2025 se registró un incremento del 1% respecto de diciembre de 2024, alcanzando un total de 11.815 internos alojados en los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
En ese contexto, Mendoza vuelve a ocupar un lugar crítico en el mapa federal del encierro. El Complejo Penitenciario Federal VI, ubicado en Cacheuta (muy cerca de la cárcel de Almafuerte), se encuentra entre las unidades con mayor concentración de población penitenciaria, junto con los complejos de Ezeiza, Marcos Paz, Villa Devoto (CABA) y Salta.
El dato más alarmante del relevamiento radica en la sobrepoblación carcelaria, que se ubicó en un 7,4% por encima de la capacidad instalada. Esto equivale a 813 personas detenidas de más, considerando que la capacidad total del SPF es de 11.002 plazas.
El documento también subraya un fenómeno que se repite desde hace años: casi el 41% de las personas privadas de libertad no tienen condena firme. En total, hay 4.813 personas detenidas sin condena, frente a 7.000 con sentencia firme, lo que vuelve a poner el foco en los plazos de la justicia penal y la vigencia efectiva del principio de inocencia.
En paralelo, creció levemente la población carcelaria tanto entre los detenidos sin condena (1,4%) como en los condenados (0,7%).
La realidad de Mendoza
Si bien el informe nacional no desagrega los datos por provincia, sí deja en claro que Mendoza ocupa una posición destacada en la lista de unidades más pobladas. El Complejo Penitenciario Federal VI, ubicado en Cacheuta, no solo aloja internos mendocinos, sino también a personas de otras jurisdicciones derivadas por razones de cupo o régimen.
El estado de hacinamiento, las condiciones edilicias y el impacto que la sobrepoblación tiene en la salud y los derechos de los internos, fueron algunos aspectos destacados por la PROCUVIN en su informe.
Otra tendencia que preocupa es el contexto de aumento sostenido: en diciembre de 2021, había 11.283 internos en todo el país; en 2022, 11.349; en 2023, 11.311; y en 2024, el año cerró con 11.696. La curva es clara: en menos de cuatro años, el SPF sumó más de 500 detenidos.
Desde organismos judiciales y de derechos humanos advierten que la crisis estructural del sistema penitenciario federal no puede abordarse solo desde el aumento de plazas. Reclaman políticas penales más racionales, acceso rápido a juicios justos y medidas alternativas a la prisión preventiva, sobre todo en el caso de personas sin condena.
Ya sea en general o en el caso particular de Mendoza, el debate se cruza con la necesidad de garantizar condiciones dignas de detención, tanto en los complejos federales como en las cárceles provinciales, que también presentan signos de saturación.