El procurador general Alejandro Gullé defendió el accionar del fiscal Juan Manuel Sánchez, que estuvo a cargo de la instrucción por los incidentes protagonizados por manifestantes antimineros en Uspallata a fines de enero, en una exposición que hizo este lunes ante la Bicameral de Seguridad en la Legislatura. Sin embargo, también admitió que se trata de delitos de competencia federal.
Sobre el desempeño de Sánchez, Gullé se comprometió a remitir el informe sobre el fiscal al órgano de control legislativo, que actualmente preside el diputado peronista Germán Gómez.
La polémica con Sánchez explotó cuando se declaró la incompetencia de la Justicia provincial en las imputaciones contra manifestantes detenidos por los hechos de violencia. De estos, uno sólo fue condenado por el delito de agrupación para la coerción ideológica, establecido por el 213 bis del Código Penal, situación que fue convalidada por la jueza Amalia Yornet.
Sin embargo, con los otros dos imputados, la jueza colegiada Claudia Tula consideró que son delitos que tienen que ser investigados por la Justicia Federal.
Gullé sostuvo que “en primer lugar quiero hacer mención que recién ahora los defensores plantearon que es materia federal, no lo hicieron de entrada porque no estaba tan claro”.
Así, reconoció que “uno de los delitos planteado, el 213 bis, es de competencia federal pero la Corte Suprema se ha cansado de dejar en claro que es competencia federal cuando hay intereses federales vulnerados, sino no”.
En esa línea, el titular del organismo judicial recordó que el MPF provincial interviene en causas de lavado o ambientales, que son delitos federales, debido a que “la norma por sí mismo no marca la competencia”.
Sin embargo, la ley 24146 marca cuál son las competencias entre la Justicia Federal y la Provincial. En este caso, en el inciso e, donde establece que ese artículo 213 bis corresponde ser investigado por el fuero federal.
“Yo le pedí un informe al fiscal Sebastián Capizzi, que es el jefe de Sánchez, y éste ratificó el temperamento seguido. Tenemos delitos que son muy graves. Más allá del incendio, que fue muy peligroso y que podría haber terminado en cualquier cosa, el agruparse y amenazar coactivamente para que se vayan del lugar o dejen de trabajar, es un delito gravísimo”, manifestó y mientras aguarda el informe solicitado señaló que lo realizado le “parece correcto“.
En cuanto al trabajo investigativo, el titular del MPF puso sobre la mesa números estadísticos tras la crítica de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, contra el trabajo de los fiscales provincial.
“El 90% de los casos de homicidios son esclarecidos”, graficó, y puso como ejemplo que la unidad de Robos y Hurtos resolvió 2.596 causas el año pasado, de las cuales 2.250 terminaron con condena.
Tecnología en los procesos judiciales
Por otro lado, Gullé se refirió a otros temas de vital relevancia para mejorar el trabajo en las fiscalías. En ese sentido, destacó la incorporación de tecnología en los procesos judiciales como así también el fortalecimiento de la colaboración con la policía y otros organismos estatales. “Nosotros no hacemos prevención del delito, pero aportamos herramientas fundamentales para que se logre”, subrayó.
Uno de los ejes centrales de la exposición fue el sistema de georreferenciación de denuncias, una plataforma que permite visualizar en tiempo real los delitos cometidos en todo el territorio provincial. Según explicó, esta herramienta ya es utilizada tanto por el MPF como por el Ministerio de Seguridad, y permite definir zonas críticas, optimizar recursos y ajustar estrategias.
“Es el verdadero mapa del delito”, dijo Gullé, destacando que se trabaja para integrar en el sistema las denuncias presenciales, que hoy representan apenas el 22% del total.
Detalló el avance de las denuncias digitales, que ya concentran el 78% de los casos recibidos por el MPF. Destacó los múltiples canales disponibles para que los ciudadanos accedan a la justicia, incluyendo oficinas fiscales abiertas las 24 horas, unidades móviles, una web especializada, un chatbot de WhatsApp, y 33 tótems digitales (CEDEW) distribuidos en toda la provincia. “Nuestra meta es duplicar o triplicar estos puntos de contacto en 2025, especialmente en zonas rurales donde el acceso aún es limitado”, afirmó.
Durante el intercambio con los legisladores, el procurador también hizo referencia a la política de “despapelización” del MPF, que ya ha generado un ahorro estimado de 115 millones de pesos. Parte de ese ahorro se destinaría a adquirir nuevas terminales CEDEW, cuyo costo unitario ronda los 1.600 dólares y que son desarrolladas e instaladas por personal del propio MPF.
Otro punto saliente fue la mejora del sistema informático interno del organismo. Gullé detalló que se trabaja en la migración del software MP hacia una nueva versión más robusta denominada AMALIA, lo que permitirá una mayor adaptabilidad y eficiencia en los procesos judiciales. “No compramos soluciones enlatadas; desarrollamos tecnología propia y la mejoramos constantemente”, afirmó.
También se refirió al crecimiento del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, con más de 91.000 perfiles cargados y 360 coincidencias positivas en 2024, un 21% más que en 2023. Según Gullé, esta base se ha transformado en una de las más grandes de América Latina.
Nuevas oficinas
De cara al futuro, el procurador anunció la concreción de obras clave como el Polo Penal Judicial en San Rafael, la Ciudad Judicial en el Valle de Uco y una nueva oficina fiscal especializada en delitos contra la integridad sexual en la Primera Circunscripción. También confirmó que se crearán nuevas fiscalías, se incorporarán profesionales a unidades especializadas en delitos económicos y ambientales, y se fortalecerá la presencia del MPF en departamentos como Malargüe.