La jueza colegiada Claudia Tula declaró la incompetencia de la Justicia provincial para actuar en el caso de dos personas que estaban detenidas por los violentos incidentes antimineros ocurridos en Uspallata el 24 de enero de este año.
La magistrada aseguró que la calificación de la causa debía ser remitida a los tribunales federales y dispuso la libertad de los dos detenidos.
Federico Soria y Mauricio Cornejo habían sido imputados por el fiscal Juan Manuel Sánchez por el delito previsto en el artículo 213bis del Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
Sin embargo, este delito forma parte de la lista que aparece en la Ley Nacional 27.146 y que específicamente aclara cuáles son las figuras penales que deben ser investigadas en el ámbito de la Justicia Federal.
Por eso, cuando el 25 de febrero se realizó un juicio abreviado contra otro de los detenidos en esos desmanes, se abrió el debate sobre por qué la jueza Amalia Yornet había aceptado que el proceso continuará bajo esa calificación y que, además, convalidara el acuerdo entre la defensa del imputado y la fiscalía.
Se trata del caso Robert González, que fue condenado a tres años de prisión en ejecución condicional. Además, se le atribuyó la responsabilidad por el incendio de un local.
Con ese antecedente fresco, y teniendo en cuenta la polémica abierta, Tula declaró la incompetencia y pidió que las actuaciones sean remitidas a los tribunales de calle España y Patricias; fijo una fianza de cinco millones de pesos a cada uno y ordenó que queden en libertad.