A tres meses de la confirmación de la llegada de las pistolas Taser a la provincia, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, confirmó que los preventores de la Ciudad de Mendoza podrán utilizar las armas antes de que finalice el 2025.
La funcionaria explicó que el municipio ya eligió a las personas que realizarán las capacitaciones correspondientes y que en breve comenzarán con las instancias de capacitación.
“Ya está, el grupo que va a ser el que se va a capacitar de los preventores y van a empezar los cursos. Son tres etapas de este curso. Es importante respetar estas etapas para que a experiencia satisfactoria”, explicó Rus.
En este sentido, la funcionaria le puso fecha a la salida a la calle de los preventores con estas tipo de herramientas y que puedan usarlas en sus rondas diarias.
“Antes de fin de año, la idea es que estos preventores ya estén certificados para poder salir a las calles de Mendoza con estas armas de baja letalidad“, afirmó.
El protocolo
A comienzos de junio se conoció cómo será el protocolo que deben cumplir los uniformados que utilicen estas armas no letales durante un operativo.
La resolución establece limitaciones claras y condiciones precisas para la utilización de este tipo de armamento, con el objetivo de garantizar un uso proporcional, justificado y respetuoso de los derechos humanos.
Entre los puntos centrales, el protocolo prohíbe expresamente el uso de las Taser en personas esposadas, embarazadas, menores de edad o con discapacidades, salvo que representen una amenaza inminente para terceros o para los propios agentes. También se restringe su aplicación en entornos con riesgo de incendio y lugares con presencia de gases inflamables.
El documento, además, establece zonas del cuerpo donde está prohibido disparar: la cabeza, el cuello, el rostro y otras áreas vitales. Se prioriza su uso como una herramienta de disuasión en situaciones de alta peligrosidad, y no como método de sujeción rutinario.
Otra exigencia clave es la obligación de registrar cada intervención con Taser de forma detallada. Esto incluye los motivos de la actuación, los datos del involucrado, el lugar y circunstancias del hecho, así como los efectos que produjo el disparo. La medida busca reforzar los mecanismos de control interno y la rendición de cuentas dentro de las fuerzas.
Por último, el protocolo establece que solo podrán portar estas armas aquellos efectivos que cuenten con una certificación oficial y hayan sido debidamente capacitados.