Se habló más de una vez de la posibilidad de darle voz a todos aquellos que no denuncian. Es que se calcula que sólo 70 por ciento de los delitos se contabiliza en los registros oficiales porque 30 por ciento restante no se denuncia, pero además en todos los casos violentos de inseguridad hay víctimas secundarias a las que nadie brinda contención ni apoyo.

    Para esto se necesita concretar la anhelada Encuesta de Victimización, una herramienta que, además, permitiría al Gobierno saber qué piensa la gente del accionar de los tres poderes y también del plan de seguridad que propone el Ejecutivo. Por eso durante la primera reunión del Consejo de Seguridad, Roberto Godoy Lemos, presidente de ese cuerpo, propuso la concreción de la misma para empezar de cero con las políticas de seguridad.

    Una idea que para el ministro de Gobierno, Juan Marchena, es factible aunque no se animó a revelar plazos. Sobre esta idea ya se habló una y otra vez, pero hasta ahora la gestión anterior tampoco lo concretó. Según el especialista en seguridad, la encuesta debería estar basada en el modelo que propone la Organización de Naciones Unidas (ONU) y debería ser realizada por comunicadores sociales, sociólogos y especialistas en seguridad.

    “Estamos trabajando sobre papelitos y debemos comenzar a trabajar sobre los hechos”, sostuvo el especialista para remarcar la importancia de esta herramienta.

    AGENDA. La primera reunión del consejo que se realizó ayer contó con la participación de más de 90 referentes de la seguridad. Los tres poderes estuvieron representados, pero también acudió la Iglesia y organizaciones no gubernamentales.

    A partir de ahora se trabajará en análisis más sectorizados de la problemática y luego se harán reuniones macro para aportar conclusiones al plan de seguridad que lleva adelante el ministro Carlos Ciurca. Así, el próximo encuentro aún no tiene fecha y sólo se hará cuando se hayan concretado reuniones entre varios sectores.

    EJES. Los puntos sobre los cuales se trabajará en un principio giran en torno al plan de seguridad que el Consejo Asesor de Seguridad elaboró en el 2007. En el mismo estaba contemplado un diagnóstico y análisis de la situación judicial, policial y también del tejido social. Así, las propuestas que fueron elevadas en aquel momento serán minuciosamente analizadas en este cuerpo.

    Los planteos deberán ir de la mano de las políticas de seguridad que implemente el Gobierno pero además deberán articularse con la idea del Ejecutivo de unificar la medición del delito. El martes llegó a la Legislatura el proyecto de ley mediante el cual Jaque quiere darle transparencia a la medición del delito, y para eso propone la creación de un registro estadístico de delitos.
 
    La intención es integrar todas las fuentes (el CEO, el Poder Judicial y la Encuesta de Victimización) para así lograr un único número que, además, sea fiscalizado por organismos extrapoder, como el sistema ISO de medición de calidad de resultados.

    El proyecto de ley que desembarcó en la Legislatura establece la creación de un órgano que funcionaría en el Ministerio de Seguridad y mediante el cual técnicos especializados en seguridad de las universidades, las organizaciones no gubernamentales y los tres poderes medirían las cifras delictuales que se darán a conocer a la población.

    El presidente de este cuerpo será designado por el Poder Ejecutivo y tendrá la obligación de publicar las cifras, por todas las fuentes posibles, por lo menos cada tres meses. Según consta en el artículo 4 del proyecto de ley, un órgano fiscalizador extrapoder deberá controlar el trabajo de este registro.

    No estipula cuál será, pero el Ejecutivo no descarta que se utilicen las normas ISO. El proyecto está basado en una idea que lanzó el hijo del ex ministro de Seguridad demócrata Juan Aguinaga y sólo incorpora el establecimiento de tiempos fijos para la difusión.