El día después de la aprobación del Presupuesto 2026 por parte del Senado de Mendoza dejó expuesta la complejidad de una de las discusiones más tensas del debate legislativo: el futuro del alumbrado público y la modificación del Fondo Compensador, un mecanismo que regulaba la recaudación y el financiamiento del servicio en los municipios.
El conflicto -que tuvo su gran batalla en la previa al tratamiento del paquete de leyes en Diputados- se originó en la puja entre los municipios y la pretensión del Ejecutivo de ir a un sistema en el que cada distrito pagara únicamente por el consumo que le corresponde.
La escena, por esas horas en la Legislatura mostró dos trincheras bien definidas. Una en la oficina del titular de la Cámara baja, Andrés Lombardi, acompañado por el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; y el diputado Jorge López, responsable de la Comisión de Presupuesto.
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La otra, en el quinto piso de la “Casa de las leyes”, por parte de los integrantes del bloque peronista -principal impulsor de los cambios-. Las llamadas fueron y vinieron en ambos sentidos. Y según se sabe, también contaron con el apoyo tácito de algunos jefes comunales oficialistas que sin mostrarse abiertamente en contra del proyecto del Ejecutivo, acompañaron la postura.
Desde su creación, el fondo funcionó como una “bolsa común”: todos los municipios aportaban y recibían los mismos montos, distribuidos según los costos operativos del alumbrado. Para las comunas más pequeñas, de menor recaudación, ese esquema resultaba beneficioso, ya que compensaba su incapacidad de financiar el servicio por sí mismas.
Con el tiempo, los municipios grandes comenzaron a retirarse del Fondo Compensador. La razón era simple: podían ser ellos mismos quienes reinviertan esa recaudación en reconversión eléctrica y mejoras de eficiencia, sin destinar parte de sus ingresos a subsidiar a departamentos más chicos. La situación comenzó a asemejarse, en menor escala, a las tensiones que genera el sistema de coparticipación, pero con una diferencia sustancial: no están obligados a permanecer.
Actualmente conviven dos realidades: la de los municipios que se salieron del fondo y la de los que aún permanecen en él. Y ambas motivaron reclamos durante la discusión del Presupuesto. En el caso de las comunas fuera del fondo, la controversia surgió por el intento del Ejecutivo de establecer un tope del 10% sobre el cargo por administración del alumbrado público.
Ese porcentaje no está regulado, por lo que algunos municipios aplicaban ese valor y otros utilizaban porcentajes mayores, generando recaudaciones superiores a las necesarias para cubrir el servicio y destinando ese excedente a otros gastos no vinculados al alumbrado.
El tope generó resistencia porque no todas las comunas tienen la misma densidad urbana ni los mismos costos de operación. Mientras algunas pueden funcionar sin dificultades con ese límite, otras —con grandes extensiones o infraestructura más costosa— no alcanzan a cubrir los gastos.
Como solución a ello, el Ejecutivo propuso que cada municipio justifique sus costos ante el EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico), quien definirá si corresponde autorizar un porcentaje mayor.
Respecto del Fondo Compensador vigente, que aún integra un grupo de municipios pequeños y algunos grandes que no se retiraron, el Presupuesto 2026 elimina su estructura original y habilita a todos los municipios a salirse del sistema. Sin embargo, permanecerá un fondo reducido con carácter de subsidio, destinado exclusivamente a aquellas comunas que no pueden cubrir el costo de mantenimiento del alumbrado.
Así las cosas, la definición de un cargo específico para alumbrado público que cubra el costo de la energía y un adicional de mantenimiento de hasta el 10%, salvo que el EPRE autorice una excepción, lograron zanjar una de las discusiones más complejas que tuvieron las negociaciones previas al inicio de los debates de la “Ley de leyes” en la Legislatura.
Qué dicen desde el Ministerio de Energía y Ambiente
El director de Servicios Eléctricos de Mendoza -dependiente de la cartera energética provincial-, Alejandro Más, explicó en una charla con el programa “Opinión” -LVDiez-, que la reforma forma parte de un proceso iniciado hace siete años, cuyo objetivo es lograr un sistema de alumbrado público eficiente, moderno y homogéneo en toda la provincia.
Hasta 2018, los 18 departamentos integraban un único sistema solidario. Con la reconfiguración de ese año, 12 municipios continuaron bajo ese modelo hasta hoy y otros 6 —Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Tunuyán, Las Heras y San Rafael— fueron retirándose progresivamente, con el fin de tener un control directo sobre lo recaudado.
Según el funcionario, hoy las condiciones están dadas para eliminar el sistema híbrido y unificar el esquema bajo un modelo regulado por el Ente Provincial Regulador Eléctrico. Esto implica la desaparición total del Fondo Compensador, que distribuía costos entre municipios con realidades muy distintas.
Más recordó que la factura del usuario final ya contempla un cargo por alumbrado público, ya que el servicio está definido como un concepto eléctrico dentro del marco regulatorio provincial. Ese cargo incluye el costo de la energía y un adicional por mantenimiento, que desde ahora será determinado por el Epre en función de la información técnica y financiera que aporte cada municipio.
El ente regulador analizará la razonabilidad y los costos eficientes asociados al servicio, y fijará un cargo adecuado para cada departamento. “Gasto eficiente significa reconvertir luminarias, mejorar la calidad del servicio y garantizar la protección del usuario”, señaló el funcionario.
Consultado sobre si un vecino de Capital pagará lo mismo que uno de La Paz u otras zonas alejadas, Más evitó dar definiciones antes de que el Epre realice los estudios correspondientes. “No quiero arriesgar un resultado sin haber hecho el análisis. Esto debe evaluarse desde el punto de vista de la eficiencia y las características de cada municipio”, expresó.
El objetivo final, subrayó, es avanzar hacia un sistema más moderno, con menor consumo energético, mejor tecnología y una iluminación adecuada, fundamental para la seguridad vial y ciudadana, además de su interacción con infraestructura urbana, verde y de transporte.
La explicación de un intendente
Por su parte, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, brindó detalles sobre la resolución del esquema de financiamiento del alumbrado público y según explicó, la discusión giró en torno a si correspondía estructurar límites o porcentajes fijos para determinar el cobro del servicio.
En esa línea, señaló que el debate se centró en dos componentes: por un lado, el gasto energético asociado al alumbrado público, que es responsabilidad de los municipios; y por otro, el mantenimiento de la infraestructura, que incluye postes, luminarias, cables y demás equipamiento.
El jefe comunal precisó que ante la falta de consenso sobre qué porcentaje debía fijarse como estándar para el mantenimiento, se decidió incorporar la cláusula que establece que cada municipio, junto con Epre, analizará caso por caso cuáles son los costos razonables para sostener la infraestructura del alumbrado público.
El intendente indicó que este esquema permitirá diferenciar claramente los dos componentes del servicio: por un lado, el costeo energético, y por el otro, el costeo del mantenimiento. Ambos deberán ser evaluados técnicamente para definir el monto final que se trasladará a los usuarios.
También aclaró que, como ocurre actualmente, el cobro del alumbrado público se seguirá realizando a través de la factura de energía eléctrica, ya que el servicio está integrado al sistema provincial regulado.