Un jurado vecinal de la Ciudad de Mendoza declaró responsable a una mujer de 21 años acusada de realizar actos de vandalismo mediante grafitis en el espacio público. El fallo fue unánime y se dio en el marco de una audiencia realizada en el Honorable Concejo Deliberante, como parte de la aplicación del Código de Convivencia Ciudadana.
Según se informó oficialmente, a la infractora se le atribuyeron cinco hechos de vandalización, cometidos entre marzo de 2024 y abril de 2025, en diversas calles del microcentro y zonas aledañas. En varias de las oportunidades fue sorprendida in fraganti por preventores municipales, quienes procedieron al secuestro de los elementos utilizados para realizar los grafitis.
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Pese a haber sido debidamente notificada, la joven no se presentó a la audiencia, por lo que fue declarada en rebeldía. De acuerdo a la normativa vigente, esta situación agravó su responsabilidad y derivó en un incremento del 50% en las multas correspondientes a cada infracción.
Los actos fueron cometidos en las siguientes calles de la Ciudad: San Martín 2774, Chacabuco 257, intersección de Belgrano y Luzuriaga; calle Mitre, entre Las Cubas y Los Vendimiadores; y Moreno 679.
El jurado vecinal estuvo integrado por siete vecinos de la Ciudad, quienes participaron de manera voluntaria, tuvieron a su cargo el análisis de los hechos y luego, en un recinto aparte y en privado, decidieron sobre la responsabilidad de la presunta infractora en cada uno de los actos atribuidos. Luego del intermedio, el presidente del jurado comunicó la decisión: fue encontrada responsable de manera unánime en los cinco episodios ocurridos.
Cabe aclarar que como la mujer fue debidamente notificada de las actas de infracción, así como de la audiencia preparatoria y de la audiencia de juicio, fue declarada en rebeldía ante su incomparecencia injustificada. Es así que las multas aplicables por cada infracción alcanzaron un incremento del 50% tras haber sido encontrada responsable y podrían ascender en su totalidad hasta la suma de $7.920.000.
Ante la falta de pago voluntario de las multas dispuestas por el municipio, se inicia un procedimiento de apremio en los juzgados tributarios. Y una vez firme la sentencia ante el incumplimiento de la misma, se embarga o inhibe al demandado.