La renuncia de Humberto Mingorance a la presidencia de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) cerró una etapa de su carrera pública, pero dejó abiertos varios interrogantes sobre una trayectoria marcada tanto por la continuidad política como por las controversias. Hombre de confianza de Alfredo Cornejo desde sus años al frente de la Municipalidad de Godoy Cruz, atravesó distintas administraciones radicales y ocupó cargos estratégicos durante más de una década. Su salida se produjo en medio de fuertes cuestionamientos por los desbordes cloacales y la contaminación ambiental que golpeó a diferentes zonas de la provincia, fundamentalmente a Guaymallén.
Mingorance presentó su renuncia indeclinable por motivos personales, según informó el Gobierno provincial. La decisión se conoció este martes, paradójicamente en el mismo momento en que una tormenta de agua y granizo azotaba a amplios sectores del Gran Mendoza.
La dimisión no sorprendió en el Ejecutivo. El ahora ex funcionario tenía mala relación con todos: desde el Departamento General de Irrigción al ministerio de Energía y Ambiente. Y, por supuesto, los intendentes, que comenzaron a achacarle públicamente la mala administración en la empresa de aguas. Primero fue Ulpiano Suarez; el último, Marcos Calvente. Su situación, a todas luces, era insostenible.
De hecho, la renuncia ya era una decisión tomada, que se fue postergando por la denuncia de Irrigación en el caso de la contaminación en Los Corralitos y la consecuente imputación de la Justicia.
A la par, Aysam también anunció la designación de Ginés Darío Hernández, hasta entonces gerente general de la empresa, como nuevo presidente del directorio.
El cambio de autoridades no borró los antecedentes que acompañaron a Mingorance durante su paso por la gestión pública. Su recorrido incluyó la demorada transformación del antiguo zoológico provincial en Ecoparque, que aún no concluye; cuestionamientos por la información de su patrimonio y, más recientemente, una investigación penal vinculada con el manejo de los líquidos cloacales. Cada episodio tuvo sus particularidades, pero todos formaron parte del balance de una carrera que sobrevivió a sucesivos cambios de gabinete sin que Mingorance perdiera su lugar dentro del oficialismo.
De Godoy Cruz a la primera línea provincial
La carrera política de Mingorance se construyó en buena medida junto a Cornejo. Diseñador gráfico de profesión, antes de llegar al Gobierno provincial, ocupó distintos puestos en la Municipalidad de Godoy Cruz, donde se desempeñó como director de Inspección General y Fiscalización, director de Higiene Urbana y secretario de Gobierno.
Cuando Cornejo asumió la gobernación en diciembre de 2015, lo designó al frente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Mingorance permaneció en ese puesto durante los cuatro años de su primera gestión y continuó durante la administración de Rodolfo Suarez, entre 2019 y 2023.
Esa permanencia lo convirtió en uno de los funcionarios con mayor continuidad dentro de Cambia Mendoza. No necesitó una candidatura ni un cargo electivo para conservar influencia: su lugar estuvo ligado a la estructura de gestión que encabezó el radicalismo desde la provincia y a su relación con el actual gobernador.
En diciembre de 2023 dejó Ambiente y, en enero de 2024, Cornejo lo ubicó al frente de Aysam, una empresa estatal sometida a una presión permanente por las roturas de cañerías, los problemas de saneamiento, las inversiones pendientes y el costo de los servicios.
El nombramiento también significó un cambio de escenario. De la política ambiental pasó a conducir una compañía cuya gestión impactaba directamente sobre la salud pública y la vida cotidiana de miles de mendocinos.
El Ecoparque y las promesas que demoraron años
Uno de los proyectos más asociados a su gestión ambiental fue la reconversión del antiguo zoológico provincial en Ecoparque. La iniciativa buscó dejar atrás el modelo tradicional de exhibición de animales y avanzar hacia un espacio centrado en el bienestar animal, la conservación y la educación ambiental.
El proyecto, sin embargo, acumuló atrasos durante años. En junio de 2022, Mingorance sostuvo que las obras estarían terminadas a fines de 2023. El plazo claramente no se cumplió.
La transformación del predio demandó una sucesión de etapas, obras y modificaciones, mientras el cierre del antiguo zoológico se prolongó durante una década. En junio de 2026, el Gobierno abrió el espacio a la prensa y avanzó con una modalidad de visitas educativas y controladas, después de años de postergaciones.
La reconversión no fue el único frente de controversias durante su paso por Ambiente. También recibió cuestionamientos por el manejo del Parque General San Martín, las condiciones del zoológico durante sus primeros años de cierre y las demoras en la contratación de servicios médicos y de helicóptero para la temporada 2023 del Parque Provincial Aconcagua.
Las críticas no impidieron que continuara al frente de la cartera durante dos gobiernos. Esa continuidad fue uno de los rasgos más notorios de su recorrido: los cuestionamientos públicos no se tradujeron en una salida anticipada del gabinete.
Las omisiones en su declaración jurada
En marzo de 2025, Mingorance quedó bajo escrutinio por la información patrimonial que había presentado ante la Auditoría de Ética Pública.
Un cruce de registros oficiales permitió detectar inmuebles y participaciones en propiedades que no figuraban en su declaración jurada original. Entre las inconsistencias se encontraba una construcción de 284 metros cuadrados en un terreno de Maipú que el funcionario había informado como baldío.
La documentación catastral también registraba participaciones suyas en otros inmuebles. Tras la publicación de las omisiones, Mingorance rectificó la presentación e incorporó propiedades que no había declarado inicialmente.
El funcionario rechazó que hubiera existido intención de ocultamiento o enriquecimiento ilícito. Explicó que varios de los inmuebles correspondían a adelantos de herencia de sus padres, con usufructo vitalicio, y cuestionó la información sobre la construcción detectada por la Administración Tributaria Mendoza.
El episodio tuvo consecuencias administrativas. En abril de 2025, la Oficina de Ética Pública le impuso una multa cercana al millón de pesos y remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que evaluara si correspondía avanzar en el plano penal.
La diferencia entre una omisión y un delito no es menor. La sanción administrativa no equivalió a una condena penal ni acreditó, por sí sola, un enriquecimiento ilícito. Pero el caso puso en discusión la calidad de la información patrimonial que debía presentar un funcionario con responsabilidades de alto nivel.
Los Corralitos: el conflicto que marcó su salida
El episodio de mayor gravedad judicial llegó desde Aysam. En mayo de 2026, Mingorance fue imputado junto con el gerente general, Darío Hernández, y el gerente operativo, Carlos Cifuentes, en la investigación por el vertido de líquidos cloacales sin tratamiento en un canal de riego de Los Corralitos, en Guaymallén.
La causa investigó los hechos registrados en las inmediaciones de las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo, en una zona afectada por el colapso del sistema cloacal. La acusación incluyó los delitos de daño agravado sobre un bien de uso público y contaminación del agua de un modo peligroso para la salud.
La investigación tomó como antecedente la resolución 481 del Departamento General de Irrigación, que impuso a Aysam una multa de 120 millones de pesos por los hechos. Los fiscales Gabriel Blanco y Sebastián Capizzi impulsaron las imputaciones, que recibieron el aval de los fiscales jefes Gustavo Pirrello y Paula Quiroga.
El expediente puso bajo análisis decisiones adoptadas por la conducción de la empresa estatal frente a los derrames. La discusión judicial no se limitó a la existencia de una red cloacal colapsada: también apuntó a las actuaciones que habrían permitido descargar efluentes crudos en un canal de riego.
La imputación representó una atribución formal de responsabilidad dentro de una investigación en curso, no una declaración de culpabilidad. Aun así, el caso elevó la presión sobre la conducción de una empresa encargada de un servicio esencial.
La respuesta política del oficialismo también quedó expuesta. Distintos funcionarios defendieron que el problema respondía al colapso de la infraestructura y a una situación que excedía a los nombres de quienes dirigían Aysam. La explicación puso en primer plano las limitaciones estructurales del sistema, aunque dejó planteada otra pregunta: qué medidas de prevención y mitigación se habían adoptado para evitar que la emergencia derivara en un daño ambiental.
Una renuncia y un balance pendiente
En su nota de salida, Mingorance agradeció la confianza recibida y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para facilitar la transición. El Gobierno, por su parte, destacó la experiencia de Hernández, un economista que trabajaba en el sector del agua y el saneamiento desde 2000 y que había pasado por las áreas de regulación, finanzas y gerencia general de Aysam.
La empresa tiene 30 obras en ejecución, con una inversión total superior a los 194 millones de dólares, según la información difundida al anunciar el recambio. Entre los principales desafíos figuraba la solución integral al colapso de la Colectora Máxima Noreste, en la misma zona de Los Corralitos que originó la causa judicial contra la conducción saliente. Al igual que Mingorance, Hernández también está imputado en esa causa.
La continuidad de esas obras y la resolución de los problemas de saneamiento serán parte de la agenda del nuevo presidente. También seguirá pendiente la respuesta estructural a un conflicto que expuso las consecuencias de años de dificultades en la infraestructura cloacal.
Para Mingorance, en cambio, la salida de Aysam abrió una nueva etapa después de una extensa permanencia en cargos públicos. Su trayectoria quedó atravesada por proyectos ambientales de largo desarrollo, una sanción administrativa por omisiones patrimoniales y una imputación judicial que deberá resolverse en los tribunales.
El balance no se agota en la renuncia ni en el argumento oficial de los motivos personales. También remite a una característica de su carrera: la continuidad de un funcionario de estrecha confianza de Cornejo, que atravesó distintas gestiones y conservó responsabilidades incluso después de episodios que pusieron en duda su desempeño.