La minsitra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, participó este miércoles de la reunión de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, en donde defendió los cambios que el Poder Ejecutivo impulsa en el Código Procesal Penal.

La funcionaria afirmó que el objetivo del Gobierno es “darle lugar al tratamiento de delitos menores” y acelerar los procesos penales eficientizando el trabajo del Ministerio Público Fiscal.

“La propuesta reforma tres leyes, que tiene que ver con el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, con el funcionamiento de los juzgados colegiados, y con el Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que observamos? Reprogramaciones y suspensiones de audiencias y un desequilibrio grande entre la tarea los tribunales penales y colegiados “, aseguró la ministra.

“Una de las reformas importantes tiene que ver con trasladar los debates correccionales, estamos hablando de delitos que no superan los tres años, como  un hurto simplel con eso entendemos que podemos compensar un poco las cargas,  el equilibrio entre los operadores judiciales y con esto mejorar los tiempos y el sistema”, resaltó la ministra.

La reforma

La reforma que presentó el oficialismo busca acelerar la resolución de causas y garantizar que los procesos penales se desarrollen en plazos oportunos y surgió tras las críticas del gobernador Alfredo Cornejo por la ausencia de audiencias de flagrancia en horario vespertino.

El proyecto se sostiene en tres ejes centrales. El primero propone ampliar la franja horaria para la realización de audiencias, incorporando la tarde como espacio de trabajo. De esta manera, se pretende dar respuestas más rápidas a los expedientes y evitar que la limitada disponibilidad horaria se convierta en un cuello de botella.

En segundo término, la reforma apunta a fortalecer la participación de operadores judiciales. Para ello, prevé un rol más activo de ayudantes fiscales y codefensores en los debates orales, lo que permitirá ampliar la cobertura profesional y aumentar la capacidad operativa del sistema penal.

Por último, el proyecto incluye una reorganización de la Oficina de Audiencias con el objetivo de optimizar la asignación de turnos, reducir reprogramaciones y evitar postergaciones que retrasen el avance de las causas. Con esta medida, el oficialismo busca garantizar un funcionamiento más ágil y eficiente del fuero penal, en línea con el reclamo social de una justicia más rápida y cercana.