La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, lanzó un fuerte cuestionamiento hacia los jueces que intervienen en causas vinculadas con jóvenes en conflicto con la ley penal y reclamó que se aplique de manera estricta el nuevo Régimen Penal Juvenil, que comenzó a regir este sábado 5 de septiembre. La funcionaria arremetió tras la divulgación de dos jovenes alojados en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil que participaron de un streaming a través de OmeTV

El planteo de la ministra en diálogo con Canal 9 Televida surgió al referirse a distintos hechos delictivos recientes protagonizados por adolescentes y, especialmente, a la situación de un joven de 19 años alojado junto a menores de edad dentro del sistema. Este detenido, junto a otro menor de edad, participó de una transmisión con streamers, donde describió un ataque a tiros ocurrido en Las Heras en 2025.

Rus sostuvo que la permanencia del joven que ya superó la edad para estar en el exCose respondió a decisiones judiciales que, bajo el régimen anterior, permitían excepciones que terminaron convirtiéndose en una práctica habitual. En ese sentido, consideró que la nueva normativa establece un límite concreto para evitar que jóvenes mayores de edad permanezcan en espacios destinados a adolescentes.

Mercedes Rus cuestionó a los jueces

La ministra fue contundente al referirse al caso del joven de 19 años que apareció en un streaming y apuntó directamente contra los magistrados que tienen a su cargo la causa. Según explicó, se trata de una persona que además cuenta con un prontuario que incluye un intento de fuga, por lo que consideró que no debería permanecer dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil.

“Ojalá que los jueces que tienen a cargo este joven tomen esa determinación y lo saquen de este lugar”, sostuvo Rus, al considerar que el muchacho debería ser trasladado a una unidad penitenciaria de mayor seguridad, como Almafuerte.

Para la funcionaria, mantener a un joven adulto con esas características junto a adolescentes que atraviesan procesos de reinserción social genera un problema dentro del propio sistema. 

“No debería estar conviviendo con otros jóvenes que queremos que tengan una reinserción social”, planteó.

El pedido de la ministra

Rus remarcó que el nuevo marco legal estableció que ninguna persona mayor de 18 años puede permanecer en el sistema de responsabilidad penal juvenil, independientemente de que exista una disposición judicial que anteriormente haya autorizado esa situación.

La ministra cuestionó que las excepciones dispuestas por la Justicia durante la vigencia del régimen anterior hayan terminado convirtiéndose, en determinados casos, en una situación habitual dentro de los establecimientos destinados a jóvenes.

La funcionaria sostuvo además que el sistema de responsabilidad penal juvenil se encontraba, hasta ahora, condicionado por este tipo de decisiones. “El sistema de responsabilidad penal juvenil hoy se encontraba de alguna manera con sus manos atadas, porque estos casos los van autorizando los jueces puntualmente”, explicó.

Excepciones judiciales

Uno de los principales cuestionamientos de la ministra estuvo dirigido a lo que consideró un uso excesivo de las excepciones judiciales. Según su interpretación, permitir que determinados jóvenes adultos permanezcan en establecimientos destinados a menores genera situaciones que afectan el funcionamiento del sistema.

“No es lógico, no es sano para el resto del contexto y se generan estas cuestiones”, manifestó la ministra.

En ese marco, insistió en que el nuevo régimen penal juvenil establece una separación clara entre los adolescentes y los jóvenes adultos, por lo que consideró que las autoridades judiciales deberán adecuar sus decisiones a las nuevas disposiciones.

Nuevo régimen penal juvenil: qué cambió

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir el 5 de septiembre y modificó las reglas que estaban vigentes desde la década de 1980 bajo la Ley 22.278.

La Ley 27.801 estableció un nuevo marco de responsabilidad penal para adolescentes y fija la posibilidad de imputación a partir de los 14 años, además de incorporar nuevas pautas respecto de las sanciones y el tratamiento de los jóvenes que cometen delitos.

El cambio de normativa buscó establecer un sistema diferenciado según la edad y la gravedad de los delitos cometidos, con nuevas reglas para la investigación, las medidas que pueden adoptarse y las eventuales penas.