El Gobierno de Mendoza oficializó este lunes a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial una profunda reestructuración administrativa sobre el manejo del patrimonio estatal y para reducir gastos innecesarios en alquileres y mantenimiento.
Con el fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (Di.Ge.Bi.R.E.), el Ejecutivo busca centralizar todos los actos jurídicos vinculados a inmuebles y coordinar de forma transversal las políticas de uso de la tierra.
La normativa establece que este organismo será la autoridad de aplicación en programas clave como “Mi Escritura” y el arraigo de puesteros, unificando criterios que antes se encontraban dispersos en múltiples jurisdicciones.
Una de las medidas más directas del decreto es la prohibición de constituir nuevos depósitos dentro de la Casa de Gobierno, salvo casos estrictamente excepcionales y autorizados. Esta decisión responde a un relevamiento previo que detectó una gran cantidad de bienes muebles, documentos antiguos y materiales en desuso ocupando oficinas y espacios físicos que pueden ser reasignados a funciones de mayor utilidad institucional.
La nueva norma faculta a la Di.Ge.Bi.R.E. a reorganizar los espacios comunes, incluyendo las playas de estacionamiento y los depósitos de la Ex-Bodega Giol, con el fin de lograr un manejo racional de los recursos disponibles.
La reforma también otorga facultades de control sobre inmuebles que pertenecen a empresas estatales liquidadas o en proceso de cierre, los cuales pasarán a ser administrados por esta dirección central. Además, el organismo podrá exigir a cualquier dependencia pública la documentación que acredite la tenencia de bienes provinciales para regularizar inscripciones registrales pendientes. Esta auditoría masiva permitirá al Estado mendocino identificar propiedades desocupadas o en mal estado que no resulten aptas para el servicio público, facilitando su eventual disposición o venta a través de subastas.
Finalmente, el decreto modifica la estructura de la Comisión de Valuaciones, que ahora contará con cuatro salas especializadas para tasar inmuebles, derechos, expropiaciones y bienes muebles.
Este esquema incluye la participación de representantes de Catastro, ATM y Vialidad, entre otros organismos, para garantizar transparencia en la determinación del valor del patrimonio público.
Con esta medida, el Gobierno de Mendoza pretende responder a la creciente demanda de intervenciones en el territorio y asegurar que cada bien propiedad de la provincia cumpla una función eficiente bajo un control administrativo unificado.