El Gobierno provincial avanzó con la formalización del financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) destinado a modernizar la infraestructura escolar, incorporar tecnología y capacitar docentes. El préstamo tendrá un plazo de hasta 15 años, con 54 meses de gracia y una tasa variable vinculada a la referencia internacional SOFR.
El gobernador Alfredo Cornejo aprobó los modelos de contrato para avanzar con un préstamo de hasta 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a fortalecer el programa de Educación Digital Universal con Tecnologías Conectadas (EDUTEC). La medida quedó establecida mediante el Decreto 2301, publicado en el Boletín Oficial, y representa un nuevo paso administrativo para concretar el financiamiento internacional.
El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad educativa de Mendoza mediante la modernización de la infraestructura de las escuelas, la incorporación de herramientas digitales y la formación docente. Las inversiones alcanzarán establecimientos educativos de zonas urbanas, rurales y vulnerables de la provincia.
La operación había sido autorizada por la Legislatura a través de la Ley 9650, que habilitó al Poder Ejecutivo a tomar deuda con organismos multilaterales de crédito por hasta 75 millones de dólares para financiar el fortalecimiento de EDUTEC. Esa autorización tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
La aprobación de los contratos comprende tres instrumentos: el acuerdo de préstamo entre Mendoza y la CAF, el contrato de garantía soberana que deberá suscribir el Estado nacional con el organismo internacional y un contrato de contragarantía entre la Nación y la Provincia. Este último establece las condiciones bajo las cuales Mendoza responderá ante eventuales incumplimientos de sus obligaciones financieras.
Las condiciones del préstamo de la CAF
Uno de los aspectos centrales de la operación son las condiciones financieras acordadas con el organismo multilateral. Según la minuta de negociación, el crédito tendrá un plazo de amortización de hasta 15 años y contará con un período de gracia de 54 meses. Esto significa que la Provincia tendrá cuatro años y medio antes de comenzar a devolver el capital.
En cuanto al costo financiero, se estableció una tasa de interés variable equivalente a la SOFR (Secured Overnight Financing Rate) a plazo, más un margen del 1,75% anual. La SOFR es una tasa de referencia internacional utilizada en operaciones financieras en dólares, por lo que el costo final del financiamiento podrá variar durante la vida del préstamo.
La CAF había aprobado formalmente el financiamiento de largo plazo mediante la Resolución PE 2280/2026, del 7 de septiembre. Posteriormente, el 18 de septiembre se realizó la reunión de negociación entre representantes del organismo, el Gobierno de Mendoza y el Ministerio de Economía de la Nación. La minuta con las condiciones acordadas fue suscripta el 21 de septiembre.
La coparticipación como garantía del crédito
El esquema financiero también contempla la intervención del Estado nacional como garante soberano de las obligaciones que Mendoza asumirá frente a la CAF. Para ello, el decreto aprobó un modelo de contrato de garantía entre la República Argentina y el organismo multilateral.
A su vez, el contrato de contragarantía establece que, ante un eventual incumplimiento de pago de la Provincia, la Nación podrá afectar de manera irrevocable los recursos correspondientes a la Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponden a Mendoza. De esta manera, los fondos coparticipables funcionarán como respaldo de la operación de endeudamiento.
El decreto también autoriza a los organismos administrativos provinciales a imputar, liquidar y pagar los servicios de deuda durante el plazo establecido en el contrato. Para ello, se utilizará el mecanismo de compromisos presupuestarios plurianuales contemplado en la Ley de Administración Financiera 8706.
La operación fue analizada por la Dirección de Crédito Público provincial, que evaluó su sostenibilidad y el cumplimiento de los parámetros del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. También intervinieron las áreas jurídicas de Hacienda, la Unidad de Financiamiento Internacional y la Fiscalía de Estado.