El Gobierno de Alfredo Cornejo publicó 14 decretos vinculados con sanciones disciplinarias, bajas y cuestionamientos administrativos dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia. Las medidas incluyen cesantías, exoneraciones, suspensiones laborales y desafectaciones de policías y penitenciarios que habían sido designados de manera provisoria. También se confirmaron bajas obligatorias por acumulación de sanciones y se rechazó el reclamo de una aspirante a ingresar a la fuerza.
Los expedientes involucran a personal policial, penitenciario y civil. Entre los motivos de las sanciones figuran el abandono del servicio, las inasistencias injustificadas, la falta de acreditación del título secundario y la acumulación de puntos disciplinarios. En otros casos, el Ejecutivo rechazó recursos presentados por agentes que buscaban revertir decisiones previas.
Las resoluciones también incluyen la exoneración de un exsubcomisario condenado por delitos dolosos y la desafectación de dos auxiliares policiales que afrontan investigaciones judiciales. En estos últimos casos, el Gobierno consideró que los antecedentes reunidos justificaban no confirmar sus designaciones durante el período de interinidad.
Las cesantías y sanciones confirmadas por el Gobierno
Ratificaron la cesantía de un policía condenado por concusión y allanamiento ilegal
El Gobierno rechazó el recurso jerárquico de un exsubcomisario y confirmó su exoneración de la Policía de Mendoza. El exfuncionario había sido condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua por los delitos de concusión y allanamiento ilegal en concurso real.
La defensa había cuestionado la proporcionalidad de la sanción y pedido que se consideraran sus antecedentes profesionales y su situación personal. El Ejecutivo sostuvo que la condena firme por un delito doloso constituye una causal de exoneración prevista en la Ley 6722, independientemente de que la pena de prisión fuera de ejecución condicional.
Rechazaron el reclamo de un policía que había sido cesanteado
El Ejecutivo rechazó el recurso de un exoficial ayudante de la Policía de Mendoza, contra la sanción de cesantía sujeta a exoneración que se le había aplicado en 2020. El agente cuestionó la fundamentación del procedimiento y sostuvo que se habían ignorado los efectos de su sobreseimiento penal.
La Asesoría de Gobierno consideró que la investigación administrativa era independiente del proceso penal y que el sobreseimiento no impedía aplicar una sanción disciplinaria. También concluyó que el agente había tenido oportunidad de ejercer su defensa y que no existían motivos para anular la medida.
Desafectaron a un policía investigado por amenazas agravadas
El Gobierno dispuso la desafectación de un auxiliar policial designado en junio de 2026. La decisión se tomó luego de que quedara involucrado en investigaciones por amenazas agravadas y desobediencia, en una causa en la que se ordenó su prisión preventiva por cinco meses.
La Inspección General de Seguridad había iniciado tres sumarios administrativos y la Dirección General de Policía no avaló la continuidad del trámite para confirmar su incorporación. El Ejecutivo consideró que existían circunstancias graves que justificaban apartarlo del cargo sin esperar el cumplimiento de los 12 meses de interinidad.
Desafectaron a una auxiliar policial investigada por una presunta estafa
El Decreto 2134 dispuso la desafectación de una auxiliar policial designada en junio de 2026. La medida se tomó a partir de una investigación por una presunta estafa en la que la agente figura como persona sospechada.
La Dirección General de Policía consideró que no correspondía continuar con el trámite para confirmar su designación. El Ejecutivo aplicó el mecanismo previsto para el personal policial que se encuentra en período de interinidad cuando aparecen circunstancias graves.
Un policía quedó fuera de la fuerza por acumular sanciones disciplinarias
El Gobierno confirmó la baja obligatoria de un exoficial ayudante de la Policía de Mendoza. La medida se había dispuesto por acumular más de 200 puntos disciplinarios en diez años consecutivos o más de 75 puntos en un período de tres años, conforme a la Ley 6722.
El agente presentó un recurso jerárquico fuera del plazo legal. Por ese motivo, el Ejecutivo lo rechazó formalmente y consideró firme la decisión administrativa que había dispuesto su baja.
Confirmaron la baja obligatoria de un policía con 107 puntos disciplinarios
El Gobierno rechazó el recurso de otro exauxiliar policial, contra la baja obligatoria dispuesta en 2022. El expediente estableció que había acumulado 107 puntos por sanciones disciplinarias entre octubre de 2017 y octubre de 2020.
El exagente cuestionó el procedimiento y sostuvo que se había vulnerado su derecho de defensa. Sin embargo, Asesoría de Gobierno consideró que no correspondía anular la medida y el Ejecutivo confirmó el rechazo de su planteo.
Rechazaron el nombramiento de una aspirante a la Policía de Mendoza
El Gobierno rechazó el recurso de una efectivo policial, quien cuestionó la decisión de no nombrarla auxiliar de la Policía de Mendoza. La resolución administrativa se basó en una evaluación de sus antecedentes y de su idoneidad moral para ingresar a la fuerza.
Según el expediente, la aspirante había sido declarada penalmente responsable como coautora de un robo agravado por el uso de arma de fuego cuando era menor de edad, aunque había sido absuelta de pena por innecesariedad. El Ejecutivo sostuvo que la evaluación para ingresar a la Policía no se limita a verificar condenas penales, sino que también comprende las condiciones de conducta e idoneidad exigidas por la normativa.
Confirmaron la cesantía de un penitenciario por abandono del servicio
El Ejecutivo rechazó el recurso de un exsuboficial ayudante del Servicio Penitenciario, y dejó firme su cesantía por abandono del servicio. Según el expediente, el agente dejó de concurrir a trabajar el 19 de mayo de 2023 sin presentar justificaciones.
El agente alegó irregularidades en las notificaciones y cuestionó la proporcionalidad de la medida. La Asesoría de Gobierno sostuvo que había sido notificado por correo oficial y en su domicilio, y que la sanción resultaba proporcional a la falta comprobada.
Cesantearon a un empleado civil de Seguridad por inasistencias injustificadas
Mediante el Decreto 2255, el Gobierno dispuso la cesantía de un empleado civil de planta permanente del Ministerio de Seguridad y Justicia. La investigación determinó que no prestaba servicios efectivos en la Dirección de Capital Humano, pese a tener funciones asignadas.
El expediente señaló que las ausencias se prolongaron durante un período superior al permitido por la Ley 9103 y que no existían registros suficientes para justificar las inasistencias. La documentación médica incorporada posteriormente tampoco fue considerada suficiente para respaldar retroactivamente las faltas.
Confirmaron una suspensión de 50 días para una penitenciaria
El Ejecutivo rechazó el recurso de una suboficial subayudante del Servicio Penitenciario, contra una sanción de 50 días de suspensión laboral sujeta a exoneración. La medida se había aplicado por infracciones al régimen disciplinario penitenciario.
La agente alegó vulneraciones al derecho de defensa y al principio de legalidad, y cuestionó la proporcionalidad de la sanción. El Gobierno desestimó sus planteos y rechazó también el pedido de nulidad de la medida.
Una policía recibió diez días de suspensión
El Gobierno rechazó el recurso presentado por un efectivo policial y confirmó la sanción de diez días de suspensión que le había aplicado la Junta de Disciplina. La agente cuestionó el rechazo de su pedido de suspensión del sumario a prueba y consideró desproporcionada la sanción.
Asesoría de Gobierno sostuvo que el planteo era improcedente y que la medida se ajustaba al régimen disciplinario policial. El decreto dejó firme la decisión administrativa.
Un penitenciario cesanteado por no acreditar el título secundario
El Gobierno rechazó el recurso jerárquico presentado por un penitenciario y confirmó su cesantía del Servicio. La sanción se aplicó porque no acreditó haber finalizado los estudios secundarios, requisito exigido por la normativa para desempeñarse en la fuerza.
El exagente cuestionó el procedimiento por presuntas irregularidades, falta de fundamentación y prescripción del sumario. Sin embargo, Asesoría de Gobierno consideró que los planteos no tenían sustento suficiente y que los plazos para completar los estudios ya habían vencido.
Un penitenciario quedó cesanteado por no terminar el secundario
El Gobierno confirmó la cesantía de una exintegrante del Servicio Penitenciario, por no acreditar la finalización de sus estudios secundarios. La sanción se había aplicado en marzo de 2026, de acuerdo con las exigencias de la Ley 7493.
La agente cuestionó la legalidad del procedimiento y la aplicación de la sanción expulsiva. Sin embargo, el Ejecutivo rechazó sus planteos y sostuvo que la acreditación del título secundario constituye un requisito indispensable para permanecer en el servicio penitenciario.
Ratificaron la cesantía de una penitenciaria que no completó sus estudios
El Ejecutivo también confirmó la cesantía de una exagente del Servicio Penitenciario, por no acreditar el título secundario. La mujer había argumentado que no pudo continuar sus estudios por motivos de salud y cuestionó la validez de las notificaciones y la prescripción del sumario.
El Gobierno consideró que los plazos otorgados para completar la formación estaban vencidos y que no se había acreditado una circunstancia que justificara el incumplimiento. También rechazó el planteo de desigualdad respecto de otros agentes a quienes se les permitió continuar sus estudios, al considerar que se encontraban en situaciones diferentes.