La reglamentación de la Ley 9692 marca un punto de inflexión en la política salarial del Gobierno de Mendoza hacia uno de sus organismos más estratégicos: la Asesoría de Gobierno. Con la puesta en marcha del denominado Adicional Asesoría de Gobierno, la Provincia oficializó un plus salarial significativo destinado a agentes profesionales y administrativos que cumplen funciones de manera normal, habitual y permanente dentro del área.
La medida, impulsada por el oficialismo provincial y respaldada por la Legislatura, apunta a resolver un problema concreto y creciente: la pérdida de profesionales altamente calificados, especialmente abogados, que migran al Poder Judicial donde los salarios resultan sensiblemente más elevados.
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El nuevo adicional contempla montos diferenciados según el perfil del agente. En el caso de los abogados, el incremento salarial ronda los 1,2 millones de pesos, mientras que para el personal administrativo el beneficio alcanza aproximadamente el 50% de esa cifra.
Se trata de una mejora sustancial dentro del esquema salarial del Estado provincial, que busca reconocer la responsabilidad técnica, jurídica y operativa que asume la Asesoría de Gobierno en la defensa de los intereses de Mendoza.
Conducida por Ricardo Canet, la Asesoría de Gobierno cumple un rol central en el entramado institucional de la provincia. Su función principal es la defensa jurídica del Estado mendocino, con intervención directa en cerca de 3.000 causas judiciales.
Estos expedientes se distribuyen en todos los fueros y jurisdicciones, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta los tribunales de primera instancia de Mendoza. El volumen, la complejidad y la sensibilidad de estos procesos explican, en parte, la necesidad de contar con equipos estables y altamente especializados.
Uno de los datos que aceleró la decisión política fue la posibilidad concreta de que casi una veintena de abogados abandonara la Asesoría de Gobierno para incorporarse al Poder Judicial, donde las condiciones salariales y de carrera resultan más competitivas.
En ese contexto, el Adicional Asesoría de Gobierno aparece como una herramienta que puede marca la diferencia a la hora de pensar en equiparar ingresos, reducir la rotación de personal y preservar el know how jurídico acumulado dentro del área.
Desde el Ejecutivo provincial reconocen que la salida de profesionales experimentados no solo implica un costo económico, sino también un riesgo institucional en términos de continuidad y calidad de la defensa legal del Estado.
Cómo se calcula el nuevo adicional
La reglamentación establece criterios precisos para determinar el monto del adicional. Para los profesionales abogados, el beneficio será equivalente al doble de lo que percibe un agente del Régimen Salarial O5 de la Ley N° 5126, Clase 13, tomando como base:
- Asignación de Clase
- Adicional por Título
- Responsabilidad Jerárquica
En el caso de los agentes administrativos, el adicional será equivalente al 50% de esa misma suma, reconociendo su rol de apoyo permanente en el funcionamiento del organismo.
La normativa también otorga al Asesor de Gobierno la facultad de incrementar o disminuir el monto del adicional, siempre dentro del tope fijado por la ley. Sin embargo, cualquier modificación deberá cumplir dos requisitos clave: Fundamentación en razones objetivas y acreditación de disponibilidad presupuestaria. Este punto busca dotar al esquema de flexibilidad administrativa, sin perder control ni previsibilidad fiscal.