El Ejecutivo provincial dispuso la cesantía de siete trabajadores de la administración pública de Mendoza, tras la culminación de sumarios administrativos que acreditaron inasistencias reiteradas, abandono de funciones e incumplimientos graves al régimen disciplinario.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, representa la sanción más severa dentro del régimen laboral estatal, con carácter expulsivo y aplicable únicamente en casos en los que se demuestra la imposibilidad de continuidad en la función pública.

Las cesantías alcanzaron a personal de la Dirección General de Escuelas (DGE) y de la Dirección General de Protección (DGP). Entre los casos más significativos se destacan los de dos celadoras: una de San Rafael que acumuló 332 ausencias injustificadas entre 2021 y 2022 y otra que mantenía faltas prolongadas desde 2019 sin presentar justificación formal.

También se resolvió la separación de agentes administrativos y de personal de seguridad que registraron incumplimientos laborales reiterados, incluidas 28 inasistencias en un año, tardanzas constantes y faltas graves a la ética y la disciplina jerárquica.

El Gobierno fundamentó la decisión en tres causales centrales: las ausencias sin justificación, el incumplimiento del régimen disciplinario en áreas de seguridad y las irregularidades administrativas, entre ellas el abandono de tareas y faltas graves a los deberes de servicio. Según lo informado oficialmente, las sanciones se adoptaron en cumplimiento estricto de la normativa vigente y tras procesos de investigación interna que acreditaron la gravedad de las faltas.