Empleados públicos no afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentaron un amparo en la Justicia contra el sindicato por la cifra “desproporcional” que les cobraron en concepto de “aporte solidario” por cerrar acuerdos paritarios este año. Desde el gremio desmintieron que la cifra sea similar.
Un grupo de estatales está molesto por el monto de dinero que el gremio les descontó durante 2022 por negociar aumentos salariales con el Gobierno, discusiones que se abrieron en tres oportunidades. Si bien esos aportes son legales, consideran que fueron más elevados de los que corresponde.
Se trata de alrededor 150 trabajadores de Administración Central los que sostienen que los valores se asemejan a los aportados por los afiliados, con sólo entre 300 y 1.000 pesos de diferencia: mientras a ellos, en algunos casos, les descontaron 15.700 pesos anuales, a los sindicalizados, 16.000 pesos.
Es por eso que presentaron un amparo, reclamando que los montos “se adecúen” en pos de cumplir con la ley y que esa retención sea inferior a la cuota sindical.
Esto es algo que aplican los distintos gremios cuando logran un acuerdo salarial. En el caso de ATE, es del 1,8% sobre el salario, y lo recaudado se debe destinar a funciones propias del sindicato.
Para hacer este reclamo se basan en la que la Ley 23.551, que, entre otras cosas, establece que el trabajador tiene el derecho constitucional de afiliarse, no afiliarse o desafiliarse. Y, por ende, no pueden tener las mismas obligaciones, como tampoco los mismos beneficios.
Los empleados que reclaman tienen a su favor un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, conocido como Freytes (2012), que determinó una serie de requisitos para la aplicación de dicha cuota, entre ellos: que tenga un monto razonable, que no iguale al importe de la cuota de afiliación y que tenga una limitación en el tiempo.
“Debe mediar razonabilidad en las contribuciones pues no deben imponer obligaciones similares a los afiliados al sindicato”, de lo contrario, “se vería afectado el derecho a afiliarse y no afiliarse”, es decir, el artículo 4, inciso b) de la Ley 23.551, indicó ese fallo.
Este martes, el Gobierno homologó las actas acuerdo suscriptas en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, por los representantes del Poder Ejecutivo y las entidades sindicales representativas de la Administración Pública Provincial, a través del decreto 2307, publicado en el Boletín Oficial. Allí se dio por finalizada la paritaria 2022, con incrementos salariales para los primeros meses del 2023.
El secretario gremial de ATE, Roberto Macho, desmintió que haya una similitud en el aporte que realizan los afiliados y no afiliados.
“Son no afiliados que quieren tener los beneficios sin ser sindicalizados. La cuota nuestra sindical es mucho mayor. De todas maneras, la cuota solidaria en Mendoza no es exclusiva de un sindicato”, afirmó.