El Gobierno nacional y el provincial están interesados en transformarse en accionistas de Impsa, empresa que está en un proceso de recomposición a través de la emisión de nuevas acciones. En la tarde este martes se realizó una asamblea para considerar un aumento de capital de hasta 20 millones de dólares. Se trata del tercer paso del Plan de Recomposición de Estructura de Capital lanzado el año pasado.

La empresa llegó a esta instancia luego de lograr la reestructuración de deudas, estimadas en u$s560 millones en noviembre de 2020.

Si bien Mendoza ha dejado en claro su interés en transformarse en accionista, por ahora desde el Ejecutivo mantienen el hermetismo hasta tanto se conozcan los valores y la propuesta que se llevará adelante en la asamblea.

Sin embargo, están claros los motivos por los que la provincia tiene interés en la ex empresa de Pescarmona. La principal razón es que una quiebra de la compañía podría poner en jaque a la megaobra hidroeléctrica Portezuelo del Viento. En esto hay que tener en cuenta  que en la licitación que se lanzó el año pasado para contruir la represa en Malargüe, solamente se presentó la UTE Malal Hue, consorcio liderado por la firma china Sinohydro en asociación con Ceosa, Impsa y Obras Andinas. 

Para la gestión local Impsa es un activo “estratégico” ya que actualmente emplea a 700 personas, además de las cientos de pymes con las que trabaja. Desde el Ministerio de Economía señalan que transformarse en accionista de una compañía de esta envergadura, permitiría incrementar los recursos estatales en el largo plazo.

Otro de los motivos que aumentan el interés es que en la provincia “buscan construir presas cada 5 años”, ya que de algún modo buscan reflotar la “epopeya” de los años `70 y `80.  

Si todo sale como esperan, los gobiernos nacional y provincial terminarán capitalizando la compañía, pero para lograr el objetivo la administración de Rodolfo Suarez tendrá una carrera a contrarreloj, ya que deberá salir a buscar financiamiento para conseguir el dinero para invertir.

Por su parte, el CEO de Impsa, Juan Carlos Fernández, envió un comunicado a la Comisión Nacional de Valores donde señaló que “esta nueva capitalización permitirá preservar años de inversión en tecnología para la industria nacional y permanecer como referentes internacionales en materia de energía para la exportación de productos de alto valor agregado”

Básicamente la ex Pescarmona busca recomponer el capital de trabajo para poder consolidarse en el país y volver a competir en mercados internacionales como Asia, Europa, África y las Américas.

Empresa rescatada

Actualmente, el 65% de la empresa- fundada en 1907- está controlado por un fideicomiso formado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Export Development Canada, el Banco de la Nación Argentina y el Banco Bice, entre otros. La familia fundadora retiene el 35% del capital restante.

En diciembre del año pasado el gobierno nacional permitió el ingreso de la compañía al programa de asistencia a empresas estratégicas y la auxilió con el pago del 75% de la nómina salarial durante cuatro meses.

Esta no es la primera vez que la ex Pescarmona recibe asistencia del Estado. En el 2014 la firma entró en default, por lo que se le otorgaron los subsidios de Recuperación Productiva (Repro) beneficiando a 1.084 trabajadores durante cuatro meses. A partir de ese año se comenzó una reestructuración que cerró en el 2018. En ese entonces quedaron definidos los dos fideicomisos que existen actualmente.

Luego, en 2019 la empresa salió a la búsqueda de inversores para desprenderse de sus acciones; solo hubo tres ofertas pero quedó en suspenso el proceso por la pandemia del coronavirus.