El Ente Mendoza Turismo (Emetur) adjudicó a la firma La Criolla S.A.S, propiedad de Eduardo Hugo Funes, la explotación de los servicios de catering para eventos, restaurante, cafetería y confitería en el Centro de Congresos y Exposiciones “Gobernador Emilio Civit” y el Auditorio “Ángel Bustelo”. Esta confirmación no pasó desapercibida, ya que no es la primera vez que tiene contratos con el Estado provincial y, algunos de ellos, con polémica.
Uno de los hechos más llamativos ocurrió durante el año 2021, cuando en plena pandemia la empresa especializada en catering se reconvirtió y prestó servicios vinculados a los insumos médicos.
En este contexto, el 1 de junio del 2021 fue sancionada por el Gobierno de la provincia con un apercibimiento por el “ostensiblemente tardío” en la entrega de 400 bolsas mortuorias.
Por otra parte, la empresa también protagonizó otra polémica en la realización del Festival Rivadavia Canta al País del año 2020, cuando por una serie de irregularidades vinculadas a su contratación, derivaron en sanciones del Tribunal de Cuentas a funcionarios de la comuna que conducía por aquel entonces Miguel Ronco.
Según el informe del órgano de control, uno de los problemas más notables fue la falta de justificación en la contratación de la empresa La Criolla SAS. En aquel entonces se cuestionó la ausencia de un proceso licitatorio para el servicio de venta y/o cobranza de entradas, un servicio por el cual la Municipalidad de Rivadavia se contrató directamente a esta empresa.
Además de la contratación directa, se encontraron otras anomalías financieras. La Criolla SAS realizó cargos por conceptos no estipulados en el convenio, como la impresión de entradas por $148.000. La misma empresa reportó una venta de entradas por un total de $155.000. Por si fuera poco, se detectó que 19.432 localidades fueron retiradas sin costo por la empresa, sin que existiera una justificación clara de esta acción.
La irregularidad más grave, sin embargo, fue la falta de una factura que respalde el pago de $1.556.757 que el gobierno municipal le otorgó a La Criolla SAS por los servicios prestados. Es decir, no existe el comprobante correspondiente para justificar la salida de esos fondos.