Esta semana, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la modificación del Código Procesal, Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. El proyecto, presentado por Suprema Corte y que fue finalmente avalado en la Legislatura provincial, tiene como fin “simplificar la tramitación judicial del beneficio de litigar sin gastos”. Qué implica y cuáles son los cambios que habrá en los procedimientos a partir de ahora.
La iniciativa prevé la implementación de un sistema automatizado diseñado por la Dirección de Informática del Poder Judicial, mediante el cual los tribunales pueden comprobar en menos de un minuto si corresponde conceder el beneficio y, en caso afirmativo, generar una constancia con firma digital. Este mecanismo funciona gracias a la interoperabilidad con la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), que reúne información de organismos nacionales y provinciales.
En diálogo con El Sol, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, celebró el aval legislativo y comentó que, una vez que el Ejecutivo promulgue la ley, el nuevo sistema podrá entrar en vigencia rápidamente porque el Poder Judicial ya cuenta con las herramientas necesarias para ello.
El ministro de la Corte argumentó respecto de la presentación: “Decidimos encarar esta reforma. Queríamos empezar a ajustar cosas que no se ajustan porque nadie las mira, pero que tienen incidencia para las personas que litigan, los abogados y adentro del Poder Judicial”.
Para graficar o bajar a tierra cómo será la transformación, detalló que un incidente “puede demora 4 o 5 meses”, en donde se debe probar “que no tenés fondos para afrontar el pago de la tasa de Justicia (Colegio de Abogados y Caja Forense)“. “Son porcentajes de la demanda que hace la persona. Estamos hablando del 2% del monto de demanda actualizado”, dijo.
Hasta esta reforma “la gente común tenía que pagarle a su abogado o hacer el trámite de ir al Registro Automotor y al Registro de la Propiedad para pedir el certificado sobre si tiene vehículo e inmuebles. También llevar el bono de sueldo y, si no tiene, demostrar cuánto cobra como locador de servicios”.
“Con todo esto, se presentaba el incidente y se tramitaba con vistas al Ministerio Público Fiscal, con publicaciones en lista y, si faltaba algún oficio, lo hacíamos nosotros. Después se resolvía con un autos firmado por un juez para saber si podía litigar o no. Eso implicaba que el Poder Judicial dejaba a la persona llevar la demanda y el traslado hasta la sentencia. Si esa persona ganaba, las costas las pagaba el otro. Si perdía, las tenía que pagar”, manifestó el titular del máximo órgano de Justicia provincial.
Para Garay, el cambio está vinculado al “acceso de Justicia” para que “nadie por no tener plata no pueda demandar a otra persona”.
“El ciudadano común tenía que peregrinar por oficinas públicas pidiendo oficios o informes. El abogado tenía que hacer lo mismo… En la 1° Circunscripción era del 19 al 22% de los trámites que llevaba la Justicia civil. Estamos hablando de casi 4.500 casusas sobre 14.000 en toda la provincia. Si traducíamos, eran 9.900 horas hombre en un año“, deslizó.
Desde la Justicia estiman que el costo salarial para afectar a esa cantidad de personal ronda los $150.000.000.
“Lo interesante es que previo a la reforma legislativa, nosotros ya tenemos todo listo para poder aplicarla. Hicimos un acuerdo con el SINTyS, que es una base de datos de todo el país donde confluyen Anses, AFIP (hoy ARCA), registros automotores y de la propiedad y bienes suntuosos. Entonces, nos van a dar acceso a eso y nosotros desarrollamos un programa nuestro”, contó el juez.
Lo cierto es que a partir de ahora se podrá pedir el beneficio sin presentar los trámites previamente mencionados. “Un empleado del Poder Judicial va a poner el número de documento de la persona y eso va a ir a la base de datos del SINTyS, que va a indicar si el solicitante tiene casa, si sueldo supera cierta cantidad calculada en base al salario mínimo, vital y móvil y todos esos datos. Todo eso demora un minuto en términos de consulta. No habrá que buscar ningún papel porque es la administración la que entra en la base de datos y comunica si se reúnen todas las condiciones para dar el beneficio directamente”, cerró.