En el marco de la discusión por la modificación del Estatuto del Empleado Público -proyecto impulsado por el Ejecutivo y que obtuvo media sanción en la Legislatura-, el gobernador Alfredo Cornejo defendió la iniciativa este último jueves y calificó de “jueces provagos” a los ministros de la Suprema Corte Mario Adaro y Omar Palermo.
El juez Mario Adaro, que forma parte del grupo de magistrados “filoperonistas” que mantienen diferencias marcadas con el Gobierno, recogió el guante al sostener que se trata de una situación “preocupante, reiterada y personalizada” en su contra.
“No es la primera oportunidad que lo ha hecho, el problema es que ha sido reiterado y personalizado”, aseguró Adaro. “Se entra en un marco de preocupación y excede la normalidad del debate político que tiene que haber entre los tres poderes del Estado. En cualquier sistema político ocurre, pero ahora es personalizado con Omar y con los jueces que no fallan como él considera que se debe fallar“, agregó ante la consulta de El Sol.
Cornejo, en sus declaraciones, indicó que los jueces nombrados son los que lo que lo motivan a lanzar el proyecto de reforma. Aseguró que en su administración están “cansados de que Palermo y Adaro, jueces de la Sala Segunda, que son provagos y proempleado público“, fallen en contra del Gobierno.
Sin ir más lejos, la Suprema Corte de Justicia confirmó apenas una semana atrás tres fallos a favor de empleados estatales, situación que va a contramano de los diez despidos de agentes de diferentes sectores que el Ejecutivo provincial había informado a través del Boletín Oficial. Los tres fueron firmados por Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio.
Las sentencias abarcaron situaciones diversas: el reclamo de una bioquímica del Hospital Notti por diferencias salariales; la demanda de un contador de la Contaduría General por su reagrupamiento profesional y la ejecución de una orden de reincorporación de una exempleada del Ministerio de Seguridad.
Qué piensa Mario Adaro de la modificación
Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial dio media sanción al proyecto que implica la modificación del Estatuto General del Empleado Público y la iniciativa pasó al Senado.
Uno de los puntos destacados -entre diversos aspectos- es la creación de la figura del personal de planta interino, distinta a lo que conoce como personal de planta permanente.
Adaro prefirió la cautela y optó por no dar su visión sobre la presunta inconstitucionalidad de la ley, como denuncia la oposición y los gremios. “Opinar es preopinar”, manifestó en relación con una eventual judicialización.
Sin embargo, el ministro de la Corte sí se refirió a aspectos generales del empleo estatal: “Hay que ir evolucionando a nuevas figuras porque son recursos de todos los mendocinos. Entre tener situaciones irregulares a pasar a eso, puede ser una mejora“. Aunque advirtió que “no se deben afectar los derechos de los trabajadores“.
Para el juez, “el Estado ha tenido situaciones irregulares o de abuso con el empleado público y con empleo en negro. A nosotros nos ha tocado resolver sobre esos casos. Está claro que hay que modificar“.
Por otra parte, Adaro destacó que para ingresar al Poder Judicial hay que rendir un examen. “Hay capacitación, formación y evaluación”, sumó.
La discusión por la reforma
En la Legislatura, la oposición hace hincapié en que la modificación del estatuto es inconstitucional, por ejemplo, en base al Artículo 14 bis en lo que refiere a “estabilidad del empleado público“.
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial“, reza el contenido escrito en la Constitución Nacional.
Desde el oficialismo defienden el proyecto de ley al asegurar que “la figura del personal de planta interino se viene gestando hace mucho tiempo en la jurisprudencia, tanto nacional como provincial”.
Para la diputada provincial Beatriz Martínez (Cambia Mendoza), lo que se establece “es justamente lo contrario, que ningún Gobierno que ingresa pueda nombrar a dedo”. Como ejemplo puso a la administración Francisco “Paco” Pérez. “Nombró a dedo a los funcionarios para que después, al momento de sacarlos, haya que estar pagando indemnizaciones hasta el 200%”, afirmó en diálogo con Canal 9.
Para la legisladora y exfuncionaria provincial, se establece que un agente de planta interina solamente podrá ser removido cuando se llame a concurso a ese mismo cargo. Martínez advirtió que la ley no busca que los empleados públicos pierdan estabilidad, “sino que al momento de llamar a concurso del cargo, quien gane sea la persona más idónea”.
En tal sentido, hizo referencia al artículo 43 de la Constitución Provincial, que establece que “los nombramientos de funcionarios y empleados que hagan los poderes públicos prescindiendo de los requisitos enumerados o exigidos por esta Constitución, son nulos, y en cualquier tiempo podrán esos empleados ser removidos de sus puestos”.