A un año de las elecciones, el Gobierno de Mendoza comenzó a definir, mediante licitaciones, concesiones y prórrogas contractuales, quiénes tendrán a su cargo servicios estratégicos durante la próxima gestión. Algunas de esas decisiones condicionarán la administración provincial que asumirá en 2027, con compromisos que en determinados casos llegarán hasta 2031 y más allá.
Las licitaciones y posteriores concesiones de servicios considerados claves para administración provincial cobraron notoriedad desde hace algunas semanas. El fenómeno se observa en distintos ámbitos: desde los servicios turísticos y de emergencia en el Parque Provincial Aconcagua hasta la explotación gastronómica del Centro de Congresos y Exposiciones y del Auditorio Ángel Bustelo. A esa lista se suma la continuidad de contratos millonarios para abastecer de alimentos a las cárceles provinciales y los peajes en las rutas.
Aunque se trata de procesos con características y plazos diferentes, el denominador común es que las decisiones tomadas ahora tendrán efectos sobre las próximas gestiones. En los contratos plurianuales, la administración que suceda a Alfredo Cornejo deberá convivir con acuerdos ya adjudicados, respetar sus condiciones y prever las partidas presupuestarias correspondientes, salvo que existan motivos legales o contractuales para modificarlos o rescindirlos.
Aconcagua, el caso más claro de las concesiones a largo plazo
El Parque Provincial Aconcagua se convirtió en uno de los ejemplos más contundentes de esta política. En mayo, el Gobierno impulsó una licitación para reorganizar la prestación de servicios en los campamentos de aproximación, base y altura, con concesiones proyectadas por 20 años. El proceso recibió ofertas de 12 empresas y buscó establecer un nuevo esquema para la actividad turística y de montaña.
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En septiembre, la Provincia avanzó con la adjudicación de campamentos a 11 empresas, en un intento por ordenar la distribución de los servicios y evitar la concentración de la actividad en pocos prestadores. La logística aérea mantuvo un procedimiento independiente.
A ese esquema se sumaron dos licitaciones para los servicios de helicópteros y atención médica, con un presupuesto total de $5.950 millones y una duración de cinco temporadas estivales, desde 2026-2027 hasta 2030-2031.
El servicio aéreo tiene un presupuesto estimado de $3.420 millones y contempla tareas de búsqueda, rescate y evacuación, mientras que la cobertura médica cuenta con otros $2.530 millones para la atención de urgencias, emergencias y controles preventivos.
La diferencia entre ambos procesos es relevante: mientras los servicios médicos y aéreos tendrán una duración de cinco temporadas, las concesiones de los campamentos proyectan una relación contractual de dos décadas.
El Ángel Bustelo, cuatro años para el negocio gastronómico
Otro ejemplo está en el Centro de Congresos y Exposiciones y el Auditorio Ángel Bustelo, donde el Ente Mendoza Turismo (Emetur) adjudicó la explotación de los servicios gastronómicos a la empresaria Graciela Hisa.
La concesión comprende el restaurante, la cafetería, la confitería y el servicio de catering del complejo, uno de los espacios centrales para congresos, encuentros empresariales, espectáculos y actividades institucionales. El contrato tiene una duración de 48 meses, es decir, cuatro años, por lo que también se proyecta sobre el próximo mandato provincial.
La adjudicación llegó después de que la empresa que había ganado la licitación anterior, La Criolla SAS, abandonara el servicio a ocho meses de haber comenzado a operar. Esa situación obligó al Gobierno a iniciar un nuevo proceso para garantizar la continuidad de la actividad gastronómica.
Peajes en las rutas
La instalación de nuevos peajes en Mendoza estará atada a los plazos de ejecución de las obras viales. Las estaciones previstas en la Ruta Provincial 82, el Acceso Sur, la Ruta Provincial 153 y el Acceso Este comenzarán a funcionar una vez que finalicen los trabajos financiados con el Fondo del Resarcimiento. La premisa oficial es que los usuarios empiecen a pagar cuando las rutas ofrezcan mejores condiciones de circulación y seguridad.
La única ruta que será administrada por la Provincia será el de la Ruta 153, el cual ya está instalado y se espera que se inaugure antes de que termine el mes. Por otra parte, en lo que respecta al resto de los caminos que serán concesionados, no se conoce aún el plazo por el cual se dará la administración de la calzada.
Sin embargo, hay algo que estaría definido: se creará un pool de peajes para que una misma empresa privada se quede con la admiistración de todas las rutas. Esto, según el Gobierno, busca evitar que las trazadas con menos tránsito no tengan oferentes para quedarse con ellas.
En el caso de la Ruta Nacional 7, la concesión abarca 329 kilómetros y tendrá una duración de 20 años. El contrato contempla obras de mantenimiento y recuperación del corredor, mientras que las dos nuevas estaciones de peaje —en la Variante Palmira y Potrerillos— podrán comenzar a cobrar cuando se cumplan las intervenciones iniciales exigidas. En las rutas provinciales, en cambio, todavía no hay una fecha precisa para habilitar los cobros: dependerá de la finalización de las obras y del avance de los respectivos procesos de concesión.
Alimentos para las cárceles
La alimentación de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario representa otra dimensión de las contrataciones estatales. En este caso, el Gobierno prorrogó por un año el vínculo con Clisa Interior S.A. para garantizar el abastecimiento de dos millones de raciones, por un monto superior a los $32.350 millones.
La extensión fue oficializada mediante el Decreto 1930 y distribuye el gasto entre dos ejercicios presupuestarios: $9.123 millones para 2026 y $23.227 millones para 2027. El servicio contempla las cuatro comidas diarias para los internos, además de la alimentación del personal penitenciario que cumple guardias y de los cadetes alojados en la institución.
A diferencia de las concesiones del Aconcagua y del Ángel Bustelo, esta prórroga no compromete por sí misma a la próxima gestión durante todo su mandato, pero llama la atención la prórroga otorgada a cuatro meses del vencimiento.
El antecedente también tiene una particularidad: el contrato original fue adjudicado en 2025 mediante una contratación directa, después de que fracasara la licitación pública inicial.
La proyección
Todos los casos reflejan distintas formas de vincular al Estado con proveedores privados. La extensión de los contratos puede ofrecer previsibilidad a los prestadores y continuidad en servicios que requieren planificación, equipamiento, personal o inversiones.
Pero también implica que una futura administración no podrá redefinir libremente esas condiciones , deberá considerar los acuerdos vigentes, sus obligaciones y los mecanismos previstos para actualizarlos, revisarlos o terminarlos.