Ademas de realizar proyectos de ley para resolver los inconvenientes y otorgar mejor calidad de vida a los electores que los votaron, la tarea de los legisladores es también imprimirle transparencia a la gestión de cualquier gobierno, y por eso el Poder Legislativo funciona como una especie de controlador de la actividad del Ejecutivo. Para cumplir con esta tarea, un parlamentario percibe 7.125 pesos de sueldo, y otro tanto ganan los funcionarios del Ejecutivo.

    La lógica indica que ambas partes deberían trabajar a la par para que el resultado repercutiese en beneficiar a la sociedad. Sin embargo, los hechos demuestran que falta coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, las mezquindades políticas y, en muchos casos, la falta genuina de datos con respecto a un sinnúmero de temas importantes para la gente no encuentran respuestas. Así lo demuestran la cantidad de pedidos de informe realizados por los legisladores que nunca son contestados o tardan meses en ser respondidos por el Ejecutivo.

    Por ejemplo, 53 por ciento de las más de 150 solicitudes que existen en la Cámara Alta desde que comenzó la gestión y hasta mayo inclusive no se ha respondido. Algo similar ocurre en Diputados, aunque en menor medida. Es que de las 244 demandas de información pedidas por los miembros de la Cámara Baja, alrededor de 70 de ellas no han sido contestadas. En cuanto a los requerimientos del Ejecutivo, las espadas de Celso Jaque en la Legislatura lograron algunas victorias, como la Emergencia en Seguridad, la Ley de Estímulo para la Adquisición de Viviendas y el fin de la indexación salarial, pero también fueron derrotadas ampliamente en la reestructuración sanitaria y en la compra de acciones de Obras Sanitarias, entre otros temas complejos.

    La desconexión entre Ejecutivo y Legislativo se nota, además, en la falta de repercusión que la invitación a los ministros tiene en el edificio de Peltier: los representantes de las carteras son reticentes a asistir a dar explicaciones a la Legislatura. Los casos más emblemáticos han sido el de la directora general de Escuelas, Iris Lima; el del secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, y el del ministro de Salud, Sergio Saracco, a quien nunca lograron que concurriera a la Cámara Alta a explicar de qué se trataba su proyecto de reestructuración de la salud.

SIN RESPUESTA. Entre las temáticas que se multiplican en los pedidos de informe de los legisladores, una es la que va al tope de los requerimientos que nunca se contestan: la salud.Así, en Senadores existen solicitudes de informe sobre temas tan dispares como la cantidad de suero antiofídico que tiene la provincia o extensos requerimientos sobre las listas de espera en los hospitales públicos, el funcionamiento de la OSEP, la falta de equipamiento de los efectores, las irregularidades en las habilitaciones y la falta de datos acerca del funcionamiento de los programas preventivos.

    La mayoría, presentados por los senadores Ricardo Bermejillo y Guillermo Amstutz, ambos pertenecientes a la Concertación Plural y autores de una ley de salud alternativa a la auspiciada por el Gobierno. Pero también ha sido una temática reiteradas veces abordada por el demócrata Ernesto Corvalán y los radicales Abel José, José Manzano y Leopoldo Cairone. En Diputados, Antonio Spezia (PD), Santiago Cazzoli, Diego Arenas (PD), Rubén Lázaro, Daniel Vilches (UCR) y Jorge Serrano (UCR) también se han preocupado por lo sanitario, pero con la misma suerte que los senadores: sin obtener respuesta. El transporte público, la problemática escolar y los temas sociales son otras de las asignaturas pendientes en cuanto a la información requerida.

    Los pedidos de informe sobre estos temas rebotan en el Ejecutivo y no encuentran el camino para regresar a la Legislatura. Tanto en Diputados como en Senadores, hay por lo menos una docena de requerimientos de datos sobre estas áreas sin contestación. Las que encabezan la lista de estas solicitudes son las diputadas Mirtha Castellanos (CC) y Mirtha Díaz (Fiscal). El estado de las cuentas provinciales es un aspecto en el que los parlamentarios han puesto la lupa pero sin suerte. Esto es lo que sucede con los diputados Alberto Sánchez (PD) y Roberto Blanco (CP) y los senadores Sergio Moralejo (CC) y Mario Salomone (CC), para nombrar sólo a algunos. Así, hay requerimientos de revisión de las deudas municipales con los bancos internacionales y del uso y destino de los ATN y pedidos de datos acerca de licitaciones.

    Toda esta información no ha llegado nunca a destino. En cambio, los aspectos relacionados con la seguridad y, debido a los controles que la Emergencia en esta materia requieren, son de los que más se remiten a la Casa de las Leyes, a pesar de las demoras en enviar los informes. En promedio, ningún pedido de datos tarda en concretarse menos de dos meses, con el agregado de que algunos deben reiterarse para ser respondidos, mientras que muchos otros mueren en el intento. Entre estos últimos se cuenta el caso de las solicitudes de Alberto Sánchez, quien en un año ha presentado 16 pedidos de investigación y sólo le han respondido 9 y sólo después de varias reiteraciones. Lo mismo le ha sucedido al cobista Luis Petri, quien asegura que los tiempos de espera para obtener los datos se han incrementado desde que asumió la gestión de Jaque frente al Ejecutivo.