La Unidad Fiscal de Delitos Económicos resolvió archivar la denuncia presentada por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti contra el gobernador Alfredo Cornejo. El planteo apuntaba a que el convenio firmado en mayo con Vialidad Nacional, para ejecutar obras en rutas nacionales dentro del territorio provincial, configuraba delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El convenio, ratificado por la Legislatura a través de la ley 9.640, habilitó a Mendoza a realizar tareas de conservación y mantenimiento en tramos de las Rutas Nacionales 7, 40 y 143 con recursos provinciales. Los fondos provinieron del Fondo de Resarcimiento por la promoción industrial, que originalmente se iban a destinar a la construcción de la represa de Portezuelo del Viento.
Antes de la intervención provincial, la causa había pasado por la Justicia federal. Allí, la fiscal Patricia Santoni entendió que no había competencia del fuero federal, ya que no se afectaban fondos nacionales ni existía participación de funcionarios de ese ámbito. En consecuencia, la remitió a la jurisdicción mendocina.
Ya en la órbita local, la Fiscalía analizó dictámenes de la Asesoría de Gobierno, la Asesoría Jurídica del Ministerio y la Fiscalía de Estado, que coincidieron en que el convenio se enmarca en el federalismo de cooperación y en las atribuciones constitucionales del gobernador. También se descartó que hubiese habido un uso indebido de recursos provinciales o una transferencia irregular de competencias.
Finalmente, la Fiscalía concluyó que los hechos denunciados no constituyen delito penal alguno, y dictó el archivo de las actuaciones.