Los fiscales que investigan si la entrega de un millonario subsidio estatal a la fundación presidida por el exsenador Héctor Bonarrico configura un delito, ya solicitaron el expediente para conocer los detalles del convenio que se anuló recién cuando el escándalo se hizo público.

El pasado jueves, la publicación en el Boletín Oficial de un acuerdo por 24 meses entre el Gobierno provincial y la Fundación Acción Social desató un terremoto político. Allí se expresaba que el Ejecutivo entregaría al menos 18 millones de pesos a la organización del pastor evangélico, quien durante su paso por la Legislatura fue un aliado de Cambia Mendoza.

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El propio Bonarrico echó más leña al fuego luego al confesar en una entrevista que el subsidio formaba parte un acuerdo político con el oficialismo para cancelar sus intenciones de ir por la reelección como senador. Tras esa declaración explosiva, el Gobierno dio de baja ese convenio que ahora fue solicitado por el grupo de fiscales que llevará adelante la investigación que comenzó tras una denuncia penal realizada por referentes del peronismo.

“Lo primero que se hizo fue pedir el expediente que se generó a consecuencia del convenio para estudiarlo. Con base en eso, se evaluarán las medidas probatorias que solicitarán”, explicaron fuentes judiciales.

El escandaloso caso quedó en manos de los fiscales de Delitos Económicos, Hernán Ríos y Flavio D´Amore, que a su vez tendrán la asistencia de su jefe, Javier Pascua, y la del titular de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo, hombre cercano al procurador Alejandro Gullé, quien se autoexcluyó. En este caso, Guzzo está subrogando a Gonzalo Nazar, fiscal de la Procuración.

Escándalo y cuatro denuncias

Hasta este jueves eran cuatro las denuncias judiciales en el marco del “Bonarricogate”. Fueron presentadas por el PJ, el Partido Verde, el Gobierno y dos abogados particulares.

La primera reacción llegó desde el Justicialismo. La presidenta del partido, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, presentó un escrito para que se investigue sobre la comisión de algunos delitos como enriquecimiento ilícito de funcionarios, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas.

Como contrapartida, casi inmediatamente el Gobierno avanzó contra el pastor y lo acusó de “tentativa de fraude”. 

El escrito presentado por el Ejecutivo se basa en el artículo 326 del Código Procesal Penal de Mendoza, que hace referencia a la facultad de denunciar: “Toda persona que tenga noticia de un delito perseguible de oficio podrá denunciarlo al fiscal de instrucción o a la policía judicial. Cuando la acción penal dependa de instancia privada, solo podrá denunciar quien tenga facultad para instar”.

Así es que se pidió que se investigue a partir de las declaraciones del exsenador si “podría implicar la comisión de un delito o cuanto menos el inicio de su ejecución, atento a que las mismas son manifiestan un destino de los fondos distinto al del objeto establecido en el convenio de referencia”, informó el Gobierno a través de un comunicado.

También el Partido Verde fue contra la gestión actual y Bonarrico, acudiendo a la Justicia para que investigue la falta de transparencia, un posible acto de corrupción y la comisión de delitos en el manejo los fondos públicos.

En tanto, en las últimas horas los abogados Alejandro Acosta y Carlos Varela también presentaron una demanda para que se investigue si existió el delito de “exacciones ilegales”.

Por ahora, los fiscales tienen en sus manos las denuncias realizadas por el PJ y el Partido Verde, mientras que la que realizó el Gobierno aún no se sabe si se tramitará por separado.

Pelea legislativa

El escándalo se coló en la Legislatura esta semana, con fuertes debates y cruces en las sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados.

La sesión del martes del Senado tuvo cruces y chicanas entre Cambia Mendoza y el Frente de Todos. Después de las acusaciones, lograron aprobar por unanimidad un pedido de informe que presentó el peronismo para que el Ejecutivo brinde detalles de los convenios que ha firmado con las fundaciones y organizaciones sociales desde el 2016 a la fecha. El oficialismo quiso extender el plazo al año 2012, pero la oposición se negó a ese cambio.

El miércoles, Diputados no estuvo ajeno a esta situación. En esta ocasión los radicales no dejaron al PJ avanzar con el pedido de interpelación al ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, para que vaya a dar explicaciones por el subsidio que iba a otorgarse. El oficialismo logró bloquear el pedido, sin embargo, el peronismo tuvo el apoyo de un aliado de Cambia Mendoza. Se trata del sancarlino Jorge Difonso que levantó la mano a favor de la interpelación.

Ver también: Bonarricogate: Cambia Mendoza frenó el pedido de interpelación a Víctor Ibañez

Además, ingresó el proyecto de la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, que pidió al Ejecutivo detalles sobre los subsidios, aportes y condonaciones de deuda y egresos monetarios realizados en virtud de convenios con organizaciones de la sociedad civil, desde enero de 2012 hasta diciembre de 2015.