La Fiscalía de Estado no encontró “causa alguna” para denunciar potenciales irregularidades en el desarrollo actual del centro de esquí boutique El Azufre, en Malargüe, por lo que desestimó una presentación realizada por el diputado provincial Emanuel Fugazzotto y el referente ambientalista Eduardo Sosa.
“La denuncia ambiental en curso carece de mérito para su procedencia”, concluyó el dictamen 22/2022 de la Dirección de Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado, que había comenzado a investigar de oficio la instalación del proyecto turístico y deportivo en el sur provincial, incluso antes de la denuncia de Fugazzotto y Sosa.
La presentación apuntaba contra presuntas irregularidades en la habilitación precaria por 180 días que la Municipalidad de Malargüe otorgó a la empresa El Azufre SA para comenzar con una prueba piloto, destinada a “Alojamiento Turístico, Servicio Gastronómico, y Operador de Turismo Aventura”.
Para los denunciantes, “no existen antecedentes que determinen que una experiencia piloto pueda ser aprobada municipalmente cuando el proyecto final lo debe evaluar la provincia, siendo que el proyecto debe evaluarse integralmente y no por etapas”.

Otros puntos cuestionados fueron la supuesta violación de las etapas de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las exigencias legales del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial.
También se quejaron por la falta de participación de Irrigación en el proceso, porque la habilitación municipal no fue publicada en el Boletín Oficial y porque algunos concejales, presuntamente, no lograron acceder al expediente.
Tras solicitar y recibir los informes de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y del municipio malargüino, la Fiscalía de Estado desestimó cada punto de la denuncia. Las diez principales conclusiones del dictamen fueron:
- “La denuncia se ha elaborado en función de trascendidos mediáticos, aunque no coincide plenamente con la realidad de los hechos”.
- “Hasta el momento no está siendo evaluado ni construido el Centro de Esquí proyectado, sino obras menores previas al referido centro”.
- “Estas obras inicialmente han sido sometidas a consideración provincial, habiendo entendido tal autoridad que las mismas (en lo que refiere a su infraestructura y destino inicialmente previsto) revisten ‘un bajo impacto ambiental y de corta duración’ y que no está encuadrada en el ámbito de la Provincia, por lo tanto deberá ser evaluada por el municipio de Malargüe”.
- “Lo que está ejecución, según ha sido inspeccionado, no es parte del Centro de Esquí sino de la infraestructura previa y provisoria necesaria para elaborar el proyecto de dicho centro y considerar su viabilidad“.
- “Estas obras son instrumentales a la generación de dicho proyecto y su EIA, y sería irrazonable pretender que se evaluaran de manera integral con aquel”.
- “Las obras efectuadas se encuadran en una habilitación provisoria por una superficie de 370 m2 que ha realizado el municipio”.
- “Tales obras se limitan a dos casas modulares, con sólo seis habitaciones cada una; excluyendo la autoridad municipal de la misma y de manera expresa al Centro de Esquí aludido, y por ende, prescindiendo en esta etapa de la exigencia de DIA (Declaración de Impacto Ambiental)”.
- “Frente a la magnitud de las obras (al menos en lo que refiere a la infraestructura construida) no se considera arbitrario la postura municipal“.
- “Hasta el momento ni la autoridad provincial ni la municipal han autorizado actividades deportivas“.
- “Las actividades deportivas de montaña que se realicen antes e independientemente de la construcción del centro de esquí pueden resultar ajenas a la necesidad de EIA, tal como ocurre con las diversas actividades que se realizan o pueden realizarse en otras montañas de la provincia, al margen de los centros de esquí o turísticos existentes”.
Impacto ambiental
Tanto la Secretaría de Ambiente como Malargüe destacaron que no se ha dado inicio a un procedimiento de EIA porque ese paso se dará eventualmente antes del inicio de la construcción de centro de esquí, una vez que el mismo “sea considerado viable por la empresa”.
En ese caso, “deberá presentarse ante la Unidad De Evaluaciones Ambientales de la Secretaria de ambiente y ordenamiento territorial, una Memoria Descriptiva del Proyecto, de la totalidad del desarrollo turístico, a fin de ser evaluado en el ámbito de la provincia, para así poder establecer las pautas a implementar para el desarrollo del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente en la provincia”, respondió la cartera encabezada por Humberto Mingorance.
Además, al gobierno provincial advirtió a la empresa por el uso actual del campamento en El Azufre, destacando que la construcción actual debe destinarse al albergue de 12 personas encargadas de la evaluación de viabilidad del proyecto. Pero la infraestructura ya fue utilizada para actividades “turísticas y gastronómicas”.

“Se requiere un Informe de Partida a efectos de identificar y controlar las consecuencias o los efectos que el funcionamiento del campamento y de las actividades turísticas y gastronómicas a las que con posterioridad han sido destinadas aquellas infraestructuras”, resaltó la Secretaría de Ambiente.
Ante tal situación, la Dirección de Asuntos Ambientales sugirió “mantener un seguimiento” sobre la utilización de la infraestructura de El Azufre.
Polémica asignación
La polémica por la asignación que hizo el Gobierno de 12 mil hectáreas de tierra en Malargüe a la empresa El Azufre a fines del año pasado sigue dando que hablar. La decisión quedó plasmada en el decreto 2.138 y generó un fuerte enfrentamiento con la oposición.
En febrero de este año, la Agencia Nacional de Bienes del Estado (AABE) rechazó esa asignación, asegurando que se trata de “tierras que son propiedad del Estado Nacional” que pertenecen al Campo Potreros de Cordillera Norte.
A través del escrito, el presidente del organismo, el kirchnerista Martín Consentino, señaló que la administración de Rodolfo Suarez no cumplió con algunas cuestiones que se había acordado con Nación, que tenía el control de estas tierras de frontera.
Desde Cambia Mendoza respondieron que la nota de la AABE es irregular, ya que “es una simple expresión de deseo que no configura un acto administrativo”. Además, resaltan que ese documento no influye sobre el proceso que lleva adelante la empresa El Azufre y que el presidente Alberto Fernández será en definitiva quién decida si esas tierras pueden ser utilizadas por la empresa para el emprendimiento turístico.
